La reforma de la Ley de Demarcación y Planta está encontrando algunos baches en el Congreso de los Diputados, que se unen a la oposición de ayuntamientos y parte de la judicatura. En sede parlamentaria, dos Proposiciones no de Ley discutidas ayer sirvieron para unificar de algún modo cómo se ve la reforma “desde fuera del Ministerio”. La reforma de la Ley de Demarcación y Planta trasforma el primer escalón del sistema jurisdiccional superando el partido judicial estanco como base del modelo y creando órganos colegiales desde la primera instancia. En definitiva se trata de estructurar los tradicionales juzgados en Tribunales, con los jueces que se estime necesario en cada caso, bajo la coordinación de un Presidente, que en este nuevo diseño adquiere una importancia capital, y la asistencia a todos ellos de una Oficina Judicial que es en este contexto en donde alcanza todo su sentido.
La profunda transformación de la Justicia que Alberto Ruiz Gallardón quiere llevar a cabo se está encontrado con fuertes resistencias. Si paradigmáticas son las que están estructuradas contra la Ley de Tasas, no menores están siendo, a nivel parlamentario, las resistencias a la que será reforma de la Ley de Demarcación y Planta.
El partido socialista y el BNG presentaron ayer sendas Proposiciones no de Ley que argumentaban que "la propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas".
El PSOE pide, por lo tanto, que el Congreso inste al Gobierno a "desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia" ¿Quiere leer el texto de la nueva Ley de Demarcación y Planta sobre el que se trabaja en el Ministerio de Justicia?
Con su propuesta, según la oposición, "el Gobierno incumple el artículo 152.1 de la Constitución Española, además del art. 35 de la LOPJ que le obliga a recabar informes sobre la propuesta a las distintas CC.AA. y contar con la opinión de las mismas para elaborar el Anteproyecto; además a unir luego al Proyecto de ley que presente a las Cámaras las propuestas de las Comunidades Autónomas".
Por otro lado, en las Proposiciones no de Ley que está presentando el PSOE a nivel autonómico, los socialistas argumentan que la propuesta del Gobierno pone en "serio riesgo" la pervivencia del servicio público de la Justicia, especialmente en el medio rural", pero advierten de cómo afectará también "al ámbito urbano, pues la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia, salvo en Madrid y Barcelona". Esto conllevará "la desaparición de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones, convirtiéndolos en poco más que sedes administrativas".
Los socialistas acusan también al ministro Gallardón de faltar a su palabra cuando el pasado 9 de julio en Valladolid dijo que no se suprimirá ninguna sede judicial en España, ya que de llevarse a cabo su propuesta, las sedes judiciales pasarían a estar radicadas sólo en las capitales de provincia, lo que significa "centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos" e impedir que se facilite la tutela judicial. Por ello, las mociones que en los ayuntamientos presente cada Grupo Socialista van a incluir la petición de que "se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia", "suprimiendo que su ámbito sea provincial" y "dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia".
Se aboga desde el Parlamento a que "se mantengan las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y buscando el consenso en las nuevas demarcaciones, como pueden ser los tribunales de base o primer grado".
Otra propuesta será la de "implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público".
Para el BNG, "en el territorio
gallego se precisarían más juzgados, incluso una revisión de la demarcación de
la planta judicial que tenga en cuenta los cambios demográficos habidos en las
últimas décadas para que se implanten sobre todo más juzgados en ciudades y
villas que han experimentado aumentos poblacionales significativos".
Para esta formación, "en lo que va de legislatura, el Ministerio de Justicia se
ha aplicado en empeorar la Justicia, el derecho de acceso a la tutela judicial
y el propósito de asentar una justicia para quien se la pueda costear, dejando
a las mayorías sociales en una situación de desprotección mayor"
Qué quiere el Ministerio para la nueva Planta judicial
La propuesta es establecer tribunales de instancia como nuevos órganos judiciales de primer grado en todos los órdenes jurisdiccionales. Al ser de ámbito provincial (salvo en Madrid y Barcelona), no coincidirán con los actuales partidos judiciales, diseñados en el siglo XIX conforme a los transportes y comunicaciones existentes en ese momento. Desde el Ministerio se insiste, de todas maneras, en que esto no implicará en modo alguno la desaparición o cierre de los juzgados actualmente existentes en los distintos municipios, porque no quedará ninguna infraestructura sin utilizar (se aprovecharán todas las ya existentes).
Los Tribunales de Instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales. Ello facilitará la decisión colegiada sobre determinados asuntos por los integrantes de cada sección, lo que supone un avance para unificar criterios judiciales.
Los nuevos tribunales de instancia reunirán a los jueces de cada partido judicial divididos por secciones ( instrucción, civil, penal, social etc.). A su cabeza estará un Presidente, sustituyendo a la figura actual de Decano. Este Presidente será elegido entre los jueces por cuatro años.
En la nueva organización los servicios que originariamente asistían a los distintos juzgados asistirán ahora al conjunto de jueces y magistrados integrados en un Tribunal de Instancia. De este modo, el incremento de jueces podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios.
Cada tribunal de instancia, según la propuesta de los expertos, deberá contar con cuatro salas: una por cada orden jurisdiccional. Dentro de cada una de ellas habrá unidades judiciales y secciones, que serán equivalentes, respectivamente, al juez unipersonal y al colegio de jueces. Habrá quien actúe como juez de Instrucción, juez de Vigilancia Penitenciaria, juez de Menores y juez de lo Penal. El objetivo es que los tribunales de instancia asuman todas las competencias que hoy día corresponden a los Juzgados y, en primera instancia, las Audiencias Provinciales.
