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09/08/2022. 00:44:23

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LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS PASAN DE LARGO EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Lo que es bueno para la Justicia, es bueno para mí (y II)

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En los Presupuestos Generales del Estado, todo son recortes y mermas de gasto; y subidas de impuestos…¿Todo? ¡no! La Justicia, poblada por irreductibles Jueces, Magistrados, Secretarios y funcionarios resisten, un año más, a los recortes invasores. De todas maneras, la vida no es fácil ni para ellos, ni para los abogados en sus despachos, y cada vez que hacen incursiones en las sedes judiciales. El viernes empezamos a desplegar un esquema que nos enseñaba dónde va ese incremento de gasto para Justicia, hoy continuamos. Una sola cosa inquieta en este equilibrado panorama: ¿la litigiosidad “chupará” todo este despliegue de gastos?, ¿o finalmente tendremos en España una Justicia operativa?

Dinero atrapado en un cepo

A pesar de la crisis económica, y de las enormes reducciones de gastos -hay Ministerios en los que ya no se dan ni carpetillas de plástico- el Ministerio de Justicia se ha visto con unas previsiones muy favorables a la mejora del servicio.

Hay un incremento de global de gasto de 218,5 millones de euros. De ellos, 98,34 se dirigirán a conseguir una Justicia tecnológicamente avanzada, a través del despliegue de los sistemas de información procesal y el desarrollo del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad.

Además, y en este marco tecnológico, se llevará a cabo:

  • La potenciación de los sistemas de información del Ministerio Fiscal y su coordinación con los órganos judiciales.
  • El desarrollo del Proyecto del "Registro Civil de Servicios".
  • El impulso de la Administración electrónica al servicio del ciudadano y de los operadores jurídicos.
  • La integración de los "Registros Administrativos de apoyo  a la actividad judicial" (proyecto SIRAJ).

Nueva Oficina Judicial

La nueva Oficina Judicial, se erigió como triste protagonista en el otoño e invierno pasado de los enfrentamientos entre Jueces y Ministerio.

La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su disposición transitoria decimoquinta, establece que la determinación por cada Administración competente del diseño y organización de las oficinas judiciales radicadas en sus respectivos territorios, conforme a la estructura básica y en los términos regulados en dicha Ley, se llevaría a cabo de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de dichas Administraciones.

Por su parte, la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal establece que el Ministerio de Justicia procederá en el ámbito de sus competencias, a la organización de las oficinas judiciales y unidades administrativas en la forma regulada en la propia ley, así como a la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo conforme a las normas y procedimientos contenidos en la misma.

Estas dos afirmaciones, no cumplidas, fueron el quicio sobre el que giraron las sucesivas solicitudes y protestas.

La Oficina Judicial se centra en:

  • La conformidad de la estructura de la Administración de Justicia al Estado de las Autonomías, teniendo en cuenta que, hoy por hoy, muchas de las competencias están trasferidas.
  • La ubicación del Secretario Judicial como responsable de la Oficina, sobre todo documentación de los expedientes, calendario de juicios y ejecución de sentencias; descargando a la judicatura de labores que, en la práctica, acometen. El Secretario estaría asistido por tres cuerpos, de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y el cuerpo de auxilio judicial.
  • La informatización de la Oficina y optimización de los recursos humanos.

La implantación de este órgano, cara a los Presupuestos Generales del Estado, se esquematiza en dos partes. Por un lado, el desarrollo del Plan de Infraestructuras, y, por otro, un plan de dotación de recursos para el Servicio Público de Justicia.

a) Infraestructuras

Se llevará a cabo el desarrollo del Plan de Infraestructuras y Equipamiento con un incremento para 2010 de 15,2 millones de euros, dirigido especialmente a la construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios sedes de órganos judiciales. Durante el ejercicio 2010 se realizarán actuaciones de obra nueva en 30 edificios judiciales y la rehabilitación de 13 sedes. Se acometerá, además, las remodelaciones necesarias para la modernización de la Oficina Judicial, que exige nuevas estructuras, con mejor diseño organizativo, y el apoyo a nivel arquitectónico mediante la nueva configuración de los edificios judiciales.

De igual modo, se trabajará en la construcción, rehabilitación y equipamiento para Registros Civiles y servicios comunes y en la eliminación de barreras arquitectónicas. Para esta última finalidad se destinará 1,35 millones de euros.

b) Recursos para el Servicio Público de Justicia

Las propuestas de mejora de eficacia de la Justicia inciden fundamentalmente en la modificación de la organización Judicial a través de  la racionalización de los recursos personales disponibles, del aumento del número de profesionales del sistema de Justicia y en la reorganización de la oficina judicial, mediante un nuevo sistema de realización de la actividad judicial.

Para esta finalidad se incrementan los créditos presupuestarios en 34,66 millones de euros con destino específico a la racionalización, profesionalización y optimización de los recursos personales e implantación de la Nueva Oficina Judicial y, además, se incrementan estos mismos gastos en 21,83 millones de euros para programas de actuación y servicio al ciudadano, además de nuevos efectivos y adecuación de plantillas orgánicas.

Nuevo mapa judicial

El nuevo mapa judicial contará con unos recursos de 48,47 millones de euros para la creación de 200 nuevas unidades judiciales, de las que 50 serán plazas de jueces de adscripción territorial, con la finalidad de avanzar en la consecución de un sistema judicial integrado por profesionales titulares.

Otras actuaciones

Respecto a la Violencia de Género y tras la creación de 103 nuevos juzgados sobre la Violencia sobre la Mujer en el periodo 2005/2009, durante 2010 se seguirán creando nuevos órganos especializados en esta materia según la evolución de las cargas de trabajo. También se dotan planes concretos de actuación para impulsar y descongestionar la actividad de estos juzgados. La cantidad destinada por el Ministerio de Justicia para actuaciones contra la Violencia de Género en 2010 alcanza los 52,39 millones de euros.

Es también importante resaltar que en el presupuesto del Ministerio de Justicia del  año 2010 se contempla la singularización de las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio Fiscal y a la Fiscalía General del Estado, cumpliendo así la obligación legal recogida en el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, según la modificación de la Ley 6/2007.

Organismos públicos

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que en el año 2010 contará con un crédito inicial de 18,41 millones de euros, experimenta una subida de 0,39 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,18%. El presupuesto del Centro de Estudios Jurídicos se aplica, especialmente, a programas de formación inicial (con 1.991 aspirantes), formación continuada (con 140 cursos) y formación complementaria (1.600 participantes).

La Mutualidad General Judicial (MUGEJU), organismo autónomo adscrito al Ministerio, recibirá un presupuesto de 104,81 millones de euros con un  incremento del 0,95% respecto al ejercicio 2009. Con esta dotación se atiende adecuadamente a un colectivo protegido de 99.837 personas de los que 57.506 son mutualistas y 42.331 beneficiarios (el incremento previsto para 2010 es de 4.126 personas) y se incide en la prestación de ayudas de protección asistencial y preventiva.

La Agencia Española de Protección de Datos experimenta también un crecimiento en sus cuentas del 0,70% respecto al presupuesto de 2009, ya que manejará 15,43 millones de euros. Con esta dotación se incidirá especialmente en el desarrollo de la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano, de la Oficina de Certificación de Firma Electrónica y a la divulgación del Derecho de Protección de Datos.

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