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19/08/2022. 04:03:26

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Un vuelco a la Justicia lenta y obsoleta

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El Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia recién aprobado parece ser un antes y un después. Supone un incremento del 48 por ciento en el presupuesto del Ministerio.

El Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012 se articula a través de diversos programas de actuación que, a lo largo de los próximos tres años, permitirán alcanzar ese objetivo, que se ha vuelto inaplazable, de una Justicia profesional, ágil, clara, accesible para el ciudadano y prestada en tiempo lógico. El Plan se estructura en políticas de modernización, protección, transparencia y cooperación. Se concretan, a su vez, en seis ejes estratégicos articulados a partir de 24 programas de acción en los que se prevén un total de 147 actuaciones.

Caracol

Nos referíamos ayer  al Plan aprobado por el Ejecutivo, que puede terminar con mil y un problemas con los que lidian millones de personas al día en nuestro país.

¿Cómo se concreta? De este modo:

1.- Incremento en un 19% de la Planta judicial.

En el período 2010-2012 se crearán un total de 600 nuevas unidades judiciales  (150 de ellas serán Jueces de adscripción territorial), a razón de 200 unidades año. Si sumamos esta cantidad a los incrementos producidos en 2008 (160) Y 2009 (150), al finalizar el período se dispondrán de 920 unidades judiciales adicionales, lo que significa un incremento de 19 por ciento de la Planta.

2.- Aumento de 2.000 plazas de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales.

Correlativamente, se convocarán 750 nuevas plazas de Jueces (250 por año), aproximándonos más a la media europea de Jueces por cada 100.000 habitantes. Se crearán 450 nuevas plazas en la carrera Fiscal y 800 plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales. Esto supone un aumento del 17% en Jueces, el 20% para Fiscales y un 20% de Secretarios Judiciales.

3.- Despliegue de la nueva Oficina Judicial y del Ministerio Fiscal.

La organización judicial ganará en racionalidad y eficiencia. Se crearán servicios procesales comunes que trabajarán para distintos juzgados. Con el despliegue de la nueva Oficina Judicial:

  • Todas las Salas de vista contarán con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias.
  • Todas las oficinas judiciales dispondrán de sistemas informáticos avanzados adaptados a las nuevas leyes procesales, lo que permitirá la   normalización del expediente judicial digital y una muy significativa reducción del soporte papel.
  • Las comunicaciones y notificaciones judiciales se llevarán a cabo electrónicamente mediante correo securizado (lexnet), siendo del 100% en el   caso de las realizadas por profesionales del derecho.
  • Estará implementado totalmente el sistema de apostillas electrónicas en las Secretarias de Gobierno.
  • Estarán desarrollados todos los portales de la Administración de Justicia.
  • Se continuará con el proceso de modernización y despliegue del Ministerio Fiscal según lo previsto en su Estatuto orgánico y se pondrá en marcha la nueva oficina Fiscal.

4. Justicia titular y altamente cualificada.

La nueva figura del Juez de adscripción territorial permitirá al Poder Judicial atender con Jueces profesionales las necesidades de sustitución y suplencias en el ámbito territorial de cada Tribunal Superior de Justicia. Además, desde el Centro de Estudios Jurídicos se impartirán cursos específicos de formación y alta cualificación para Secretarios Judiciales y el personal al servicio de la Administración Justicia, dirigidos a una preparación especializada y orientada a las necesidades tecnológicas y de gestión vinculadas al nuevo modelo de oficina judicial.

5. Los juzgados y tribunales de España trabajarán en red y se comunicarán en tiempo real.

Estará implementado y en plena ejecución el EJIS (espacio judicial de interoperatividad y seguridad) y las plataformas electrónicas de intermediación. Esto garantizará la interoperatividad de los sistemas informáticos del Estado y las Comunidades Autónomas, permitiendo a todos los Juzgados y Tribunales, operar entre sí y con el Ministerio Público.

6. Un Registro Civil de servicios único, informatizado y digitalizado.

Los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y descargar  certificaciones por vía telemática. Además, como estará comunicado de modo directo con otras administraciones públicas, la exigencia de aportar documentos acreditativos de la información registral será progresivamente suprimida.

7. Reducción en un 30% de los tiempos de tramitación y respuesta judicial.

La supresión de trámites y recursos, la desjudicialización del Registro Civil, la nueva Ley de Mediación y la reforma de la Ley de Arbitraje y del vigente proceso penal (jurisdicción que representa el 70% de los asuntos judiciales de nuestro país) permitirá contener el incremento de la litigiosidad y reducirla, aliviando la carga de trabajo de los juzgados y tribunales. Esta contención, unida a las mejoras en la organización, aumentará la capacidad resolutiva anual de la Justicia agilizando los tiempos medios de respuesta judicial, que podrán reducirse en un promedio estimable próximo al 30%.

8. Modernización del sistema científico de apoyo a la Justicia.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dispondrán de nuevas instalaciones y sistemas avanzados tecnológicamente. Los Institutos de Medicina Legal contarán con nuevos sistemas y recursos para mejorar los servicios que prestan a la Justicia.

9. Despliegue completo e integral de las Oficinas de asistencia a las víctimas.

Se dispondrá de Oficinas de  asistencia a las víctimas desplegadas y en funcionamiento en todo el territorio dependiente del Ministerio de Justicia.

10. Se dispondrá de una nueva ordenación de la Planta y demarcación judicial.

La Administración de Justicia dispondrá de una nueva planta y demarcación, más acorde con la realidad socioeconómica de España.

11. Una Administración de Justicia más integrada en Europa

Se profundizará en el portal europeo de servicios jurídicos comunes mediante la ejecución del Plan de Acción E-Justicia y se reformará la legislación procesal española en materia de derechos y libertades de acuerdo con el Programa de Estocolmo.

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