El artículo trata sobre la extralimitación competencial de la Dirección General de Registros y del Notariado para resolver cuestiones sustantivas que no encajan en el concepto de función registral o notarial.

El artículo versa sobre la necesidad de que la Dirección General de los Registros y del Notariado resuelva en plazo los recursos gubernativos que los interesados planteen ante las calificaciones negativas de los registradores, y que lo haga invistiéndose de la tradicional auctoritas de que gozaba el órgano directivo.