Miguel Ángel García Martín es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Executive Máster en Gestión Pública por el IE Business School.
En la actualidad ocupa el cargo de Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital de la Comunidad de Madrid y anteriormente, entre el mes de julio de 2015 y hasta agosto de 2019, estuvo al frente de la Viceconsejería de Hacienda y Empleo de la que dependía la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha sido consejero de distintas empresas y organismos públicos, como Metro de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes o el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo, entre otros.
Desde enero de 2012 y hasta su nombramiento como Viceconsejero de Hacienda y Empleo, fue director general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas en el Gobierno de España y dirigía la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Desde septiembre de 2008 y hasta enero de 2012 fue director general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid y formó parte de la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Con anterioridad ocupó, entre otros, los puestos de director de Gabinete de la Consejería de Hacienda y de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. En el ámbito privado fue director de Contenidos de una de las empresas proveedoras de servicios de valor añadido de Vodafone España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio una inversión de 140.000M€ para la digitalización de las Administraciones Públicas, pero llevamos años hablando de ese proceso de transformación y cada CCAA ha ido priorizando, de acuerdo a sus necesidades. ¿En qué punto del proceso se encuentra Madrid?
En la Comunidad de Madrid tenemos claro que las administraciones no podemos permanecer al margen de la innovación y la evolución tecnológica. Por eso, hemos asumido el compromiso de convertir a nuestra región en una región líder en este ámbito.
Con ese objetivo estamos trabajando desde una doble vertiente: en primer lugar, actuando como agente impulsor para que las empresas de la región, también las Pymes y los autónomos, inicien y culminen sus propios procesos de transformación digital. Y, en segundo lugar, trabajando en la digitalización de la propia Administración, en colaboración con Madrid Digital y abriendo la posibilidad al sector privado de acompañarnos en este proceso.
Por eso, muy recientemente, hemos creado el Centro de Innovación Digital de la Comunidad de Madrid, “Digitaliza Madrid”. Un centro adscrito a la Consejería de Presidencia, que aspira a convertirse en un espacio de referencia a nivel europeo, en el que se integrarán, por un lado, representantes de la Administración regional y, por otro, organizaciones y entidades públicas y privadas que deseen participar y manifiesten su voluntad de adhesión al mismo.
La situación que estamos viviendo tras la llegada de la COVID-19 ha supuesto que el teletrabajo sea más que nunca una necesidad para continuar con el día a día de profesionales y de la Administración. ¿Estaba Madrid preparada o sigue siendo un reto? ¿Se han visto algunas áreas más afectadas que otras?
Desde el inicio del estado de alarma 63.000 empleados públicos de la administración regional han trabajado en remoto, lo que supone uno de cada tres. Este porcentaje se eleva al 72% si se excluye a los trabajadores del ámbito sanitario para los que no existe otra alternativa que desarrollar sus funciones de manera presencial.
Durante este tiempo se han gestionado más de 6,6 millones de expedientes administrativos y los empleados públicos han celebrado cerca de 1.000 videoconferencias a la semana.
Todas ellas son cifras que ponen de manifiesto el enorme esfuerzo que se ha realizado para que la administración continuara funcionando en un momento en el que, no solo había que mantener el ritmo de trabajo, sino que además era necesario incrementarlo.
Y en este escenario, el despliegue y uso de la tecnología ha resultado fundamental. Para que los empleados públicos pudieran continuar trabajando desde sus domicilios, se les ha dotado de más de 42.000 dispositivos portátiles y más de 151.000 licencias y equipos para facilitar la conectividad, la documentación en la nube y el trabajo colaborativo de forma remota.
Además, se han llevado a cabo diferentes acciones formativas dirigidas a mejorar la capacitación digital de los empleados públicos y facilitar el teletrabajo.
Todo ello ha supuesto un enorme reto, pero también una oportunidad que debemos aprovechar. Porque no cabe duda, de que la crisis sanitaria va a suponer un importante incremento del ritmo del proceso de transformación digital que ya se estaba produciendo en muchos ámbitos.
¿Es hoy más que nunca necesario aliarse e invertir en tecnología?
Creemos que sí, y por eso, estamos reforzando los recursos con los que cuenta la Agencia Madrid Digital que es la entidad encargada de la prestación de servicios y comunicaciones a la Administración regional para avanzar en nuestro proceso de digitalización.
Asimismo, vamos a poner en marcha la “Factoría Digital” cuyo objeto será trabajar de forma dinámica con todas aquellas empresas innovadoras y de base tecnológica que quieran colaborar en nuestro propósito de avanzar en digitalización y atraer a lo público las mejores prácticas e iniciativas innovadoras que se estén desarrollando.
La Factoría Digital estará abierta tanto a grandes empresas tecnológicas y consultoras, como a pequeñas y medianas empresas del sector, y permitirá también aprovechar los beneficios de las iniciativas e ideas innovadoras que puedan desarrollarse por emprendedores.
Queremos crear alianzas porque estamos convencidos de que ello nos va a ayudar en nuestro proceso de digitalización y, por tanto, nos va a acercar a nuestro objetivo de ser más eficientes y mejorar nuestra relación con los ciudadanos, a los que podremos prestar unos servicios públicos de fácil acceso y de la máxima calidad.
¿Qué le piden a la tecnología para poder convertirse en una aliada de la Administración?
La tecnología ya se ha convertido en una gran aliada de las administraciones porque nos permite ser más transparentes, eficientes, accesibles, ágiles y, por tanto, adaptarnos mejor a las necesidades de la sociedad actual.
Tenemos acceso a ella y, por eso, nuestro reto ahora debe ser utilizarla como una herramienta necesaria para culminar nuestro proceso de transformación digital y convertirnos en una verdadera administración digital. Tenemos que ser capaces de prestar servicios de alta calidad diseñados desde el origen con un enfoque orientado a mejorar la experiencia del ciudadano en su relación con la administración y mejorar la eficiencia del empleado público que los presta. No se trata, en definitiva, de introducir tecnología en los procesos que ya existen, sino que tenemos que ser capaces reenfocar dichos procesos para hacerlos digitales desde el inicio aprovechando todas las posibilidades que la tecnología nos ofrece.
¿Qué retos quedan por abordarse?
La multiplicación de la conectividad, la implantación del 5G, la aparición de nuevas tecnologías como la computación en la nube, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, la analítica avanzada mediante la aplicación del Big Data o la “sensorización”, ofrecen nuevas posibilidades a la Administración y plantean nuevos retos que deben abordarse.
Porque, como decía antes, la transformación digital no trata de una evolución o solución tecnológica, sino de una nueva forma de hacer las cosas.
LegalToday, como medio especializado en el sector legal, quiere aprovechar para hacer zoom en los servicios jurídicos de la Administración. ¿Dónde se centran los retos en esta área? ¿Es el proceso de digitalización un proceso más maduro o, por el contrario, es una de las áreas donde se ha de poner el foco?
En este momento, con la Abogacía General estamos trabajando en el intercambio telemático de los expedientes administrativos entre la Comunidad de Madrid y los órganos judiciales.
A nivel de Analítica Avanzada para el Empleado Público y, en el ámbito de la Justicia, se han ejecutado distintas iniciativas para optimizar la gestión del empleado público y mejorar su eficiencia.
Asimismo, se han desarrollado proyectos como el rastreador de sentencias judiciales o para la exploración inteligente en vídeo de grabaciones de vistas judiciales utilizando Big Data e Inteligencia Artificial.
También se ha avanzado en la interconexión a través de videoconferencia de los Juzgados de la Comunidad de Madrid con la plataforma del Ministerio de Justicia y, a su vez, con otras salas en España, se está trabajando en proyectos como el expediente judicial digital o el escritorio digital del magistrado y estamos llevando a cabo actuaciones para la modernización de las salas de vistas. En este ámbito se han colocado en distintos juzgados Cámaras Gesell que permiten tomar declaración a menores y otras víctimas en un entorno amigable y que hacen posible que la declaración queda grabada como prueba preconstituida para evitar así que tenga que repetirla durante la vista oral. A ellos se suman el resto de actuaciones que recoge el Plan Justicia 21×21 con el objetivo final de continuar modernizando y humanizando todos los distritos judiciales.
¿Cuál va a ser el próximo proyecto que la Comunidad de Madrid ponga en marcha y que pueda resultar representativo del proceso de digitalización de la administración regional?
En pocas semanas vamos a comenzar con la implantación del modelo de Oficina 360. Se trata de un proyecto cuyo fin último es facilitar la relación con los ciudadanos que incorpora, entre otras funcionalidades, la cita previa multicanal, o la posibilidad de que el ciudadano elija si quiere ser atendido a través de una vídeo-llamada para evitar así desplazamientos y ganar en agilidad.
El proyecto incluye también la implantación en las oficinas físicas gestores de turnos sin contacto, tan necesarios en la actualidad por el COVID-19.
El proyecto comenzará con dos pilotos, implantados en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia, y en la Oficina del Plan Alquila de la Consejería de Vivienda y Administración Local.
