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13/07/2024. 06:18:15

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Un Congreso transformador para una Abogacía transformadora

Victoria Ortega

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

Victoria Ortega

“Fuimos presente, somos futuro”. Con este lema flotando en el ambiente durante los días de su celebración, clausurábamos en Valladolid el pasado 11 de mayo el XII Congreso Nacional de la Abogacía Española. Un congreso de récords, el más participado de su historia, tanto en su diseño como en su desarrollo. Más de 250 ponentes, cerca de 2.500 profesionales, un programa científico en 6 itinerarios con 20 sesiones cada uno de ellos, las voces más expertas y de mayor prestigio sumando conocimiento, talento y experiencia, el apoyo de la I Feria Tecnológica y de Servicios para la Abogacía con la que se ha podido “tocar” la tecnología para poder aplicarla ya en los despachos… un extraordinario caudal de ideas, reflexiones y propuestas para trazar los caminos que ha de transitar la Abogacía en un mundo globalizado en constante proceso de cambio.

Un ejercicio de reflexión colectivo

De eso se trataba. De hacer un ejercicio de reflexión colectivo, de analizar bien la realidad, de conseguir el mejor diagnóstico para acertar con los caminos a seguir en esta nueva era tecnológica efervescente que nos obliga a estar atentos a lo que pasa y, sobre todo, a lo que está por venir. Era el momento. Necesitábamos un Congreso transformador porque somos una Abogacía transformadora, inquieta, intuitiva, responsable, consciente del papel social indispensable que desempeña y de su protagonismo en la prestación de un servicio esencial como es la Justicia.

Hemos mirado al futuro sin olvidar lo que somos, lo que fuimos y lo que representamos. Recordando con orgullo a los gigantes de nuestra Abogacía que en el Congreso de León de 1970, en la antesala de la democracia, con su ejemplo de valentía y compromiso, anticiparon los vientos de cambio que vendrían muy poco después.

Desde este emocionante recuerdo hemos impulsado un XII Congreso que deja un legado formidable de acciones y herramientas extraordinariamente útiles para la profesión: un nuevo Código Deontológico de la Abogacía, el proyecto Biblioteca Digital de la Abogacía, un nuevo Barómetro Interno de prospección y análisis en asuntos que nos incumben (Justicia, Colegios y Consejos, igualdad o tecnologías), el primer informe sobre Abogacía y tendencias tecnológicas, o la puesta en marcha de la APP MiAbogacía, una herramienta con la que pretendemos crear una gran comunidad de Abogacía transformadora, interconectada, participativa y siempre informada de lo que ocurre y le atañe a la profesión y al ejercicio profesional.

Otros asuntos que reclama la Abogacía

Y mientras todo eso sucedía, no hemos dejado de recordar y reclamar esos otros asuntos que para la Abogacía deberían situarse, de una vez por todas, en la agenda de prioridades públicas, como por ejemplo, entre otros, impulsar una Ley Orgánica del Derecho de Defensa; una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la actualización de baremos y pagos puntuales para dignificar el Turno de Oficio; la reforma del sistema de acceso a la Abogacía; un nuevo Estatuto de la Abogacía; proteger a los Colegios y Consejos de la Abogacía como prestadores de servicios públicos (justicia gratuita) y los derechos básicos de sus colegiados (secreto profesional); o sumar a la profesión en la elaboración de leyes, contar con ella en la lucha contra la violencia de género y promoción de la igualdad, o facilitar la conciliación en el ejercicio profesional (p.ej. suspensión de procedimientos y vistas). Todo ello sin olvidar la urgente necesidad de contar con un Pacto de Estado que facilite esa reforma estructural de nuestra Justicia que llevamos décadas esperando.

El Congreso de Valladolid marcará un antes y un después en la historia de nuestros Congresos. No ya solo por lo disruptivo de su formato y planteamiento, sino también por lo que propone para este tiempo de cambio en el que la Abogacía, orgullosa de lo que es y representa, seguirá siendo una profesión al servicio de la sociedad y de la defensa de los derechos y libertades que ampara el Estado de Derecho y nuestro marco constitucional.

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