LA CARA
Rafael Martín
Abogado experto en Arrendamientos
El pasado 26 de mayo entró en vigor la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda (también conocida como Ley de la vivienda). Tal y como se establece en su preámbulo, dicha norma nace con la vocación de promover el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada que se encuentra reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución.
La intención del legislador es establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda y que esta sea aplicable a todo el territorio nacional (punto este controvertido, como luego se detallará). Se pretende con ello abordar el grave problema de acceso a la vivienda que existe en nuestro país, prestando especial atención a los jóvenes y a otros colectivos vulnerables.
Más allá de determinadas medidas de índole urbanístico y fiscal que pretenden provocar una dinamización del mercado de la vivienda en general, lo cierto es que esta ley pone su foco de manera particular en el mercado del alquiler.
LA CRUZ
Luis Miguel Hernández
Director Departamento Procesal
LARRAURI & Martí Abogados
Por supuesto, como con toda nueva normativa, habrá que esperar al rodaje de la Ley por el Derecho a la Vivienda para poder cuantificar sus aciertos y valorar críticamente su eficacia, pero desde luego, la intencionalidad de la norma es difícil de cuestionar: Pretende tener como eje central la accesibilidad a la vivienda y evitar los incrementos de renta desproporcionados.
En nuestro país hemos tenido siempre -por no decir que hemos padecido- una política en materia de vivienda dirigida a beneficiar el negocio inmobiliario y a incentivar la adquisición en propiedad, dando lugar a un mercado de alquiler sumamente injusto en el que resulta considerablemente más caro pagar una renta de alquiler que hacer frente a la letra de una hipoteca media para la compra de esa misma vivienda, en contra de la más pura lógica y de lo que sucede en buena parte del resto de Europa.
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