Opinión

El autor considera que, a pesar de las buenas intenciones del Grupo de Estudios de Política Criminal, las medidas para atajar la corrupción urbanística han de estar acompañadas de un rediseño del modelo de financiación de los ayuntamientos.

El autor señala que la última decisión del Tribunal Supremo es un punto de inflexión en la intromisión de la política en los altos...

En este artículo se pretende demostrar cómo los criterios económicos están desplazando a los jurídicos en nuestro sistema fiscal, de tal modo que la justicia tributaria queda en muchos casos postergada. Un claro ejemplo de ello lo constituye la tributación de los rendimientos de capital mobiliario en el IRPF.  

Avanzando por la dirección trazada en el artículo anterior, ahora se demuestra cómo los criterios políticos desplazan a los jurídicos, generando en muchos casos situaciones que colisionan con la justicia tributaria. Un botón de muestra lo constituye la fiscalidad de las sucesiones y donaciones en las diversas CC.AA.

El Estatut de Cataluña, recurrido ante el Tribunal Constitucional ―que aún tiene que resolver―, introduce la exigencia de acreditar el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes, lo que, dependiendo de cómo se interprete tal requerimiento, puede crear de hecho una barrera excluyente de acceso al cuerpo notarial.

El recurso a los mercenarios, antiguo como la Humanidad, ha rebrotado en los últimos tiempos, acompañado del fenómeno de las compañías militares privadas, lo que suscita numerosos riesgos e interrogantes en el derecho internacional. No obstante, el uso de los mercenarios sólo ha sido prohibido en determinados supuestos por algunas convenciones, mientras que el de las compañías militares privadas, por ahora, es completamente lícito.

Negocio de gran interés económico, el press clipping plantea importantes cuestiones jurídicas en relación con la propiedad intelectual y la interpretación del articulado de la ley.

Se analizan algunas cuestiones fiscales prácticas en relación con el patrimonio protegido de personas con discapacidad a la luz de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre.