- La pontevedresa ha recibido el encargo del Ejecutivo para asumir las riendas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Lamenta que la institución no goce de poder sancionador. “La obligación sin sanción es recomendación”
El despacho blanco inmaculado conserva un aura de espacio a estrenar. En él espera su nueva inquilina, Concepción Campos (Pontevedra, 1973). De perfil técnico (secretaria de ayuntamiento, jurista, profesora y conferenciante y especialista en Administración Pública), esta acaba de asumir la encomienda del Ejecutivo, con el posterior refrendo del Congreso, para ser la nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Su mandato dura cinco años.
Campos cree que la Ley de Transparencia, que acaba de cumplir una década de vida, merece una reforma. También aboga por que el Consejo tenga poder para imponer multas. “La obligación sin sanción es recomendación”, remarca.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es la autoridad administrativa independiente de garantía en materia de acceso a la información pública y transparencia a nivel estatal. Es un organismo independiente; si bien su presidencia es nombrada a propuesta del Gobierno. “Se propone por el Ejecutivo, pero lleva el refrendo del Parlamento”, remarca Campos. Deja claro que no reciben “instrucciones de nadie”.
Hasta el momento, la institución había optado por un perfil bajo en términos de comunicación. La elección de Campos, de corte divulgador y habitual en medios, implica una estrategia opuesta. Ella misma afirma que quiere abrir las puertas del organismo y dar difusión de lo que hacen. «Divulgar para concienciar», reafirma. “La comunicación externa e interna es vital”.
Le preguntamos por qué los periodistas enfrentan problemas para que las Administraciones liberen cierta información. Campos reconoce que hay obstáculos. Pero, en su opinión, en muchos casos la barrera es burocrática, más que un problema de opacidad. Las oficinas públicas adolecen de falta de funcionarios, y es fácil que las peticiones queden adormecidas en el cajón de asuntos pendientes.
“Creo que en muchos casos las peticiones no se atienden por carga burocrática y porque no se puede llegar a todo”. Aunque Campos reconoce que, por estadísticas, algunas oficinas no quieren cumplir. Aboga por que el Consejo ejerza una postura de mediación. A falta de la capacidad de poner multas, explica, “lo que nos queda es mantener una relación proactiva”.
Si la Administración ignora la solicitud de información del ciudadano, o si este no está conforme con la respuesta recibida, puede presentar una reclamación ante el Consejo, que estudiará su caso y dictará una resolución en la que, conforme a la ley, resolverá si procede el acceso a la información solicitada. En 2025, el Consejo resolvió 1.577 reclamaciones frente a la Administración General del Estado y el sector público estatal, y 657 frente a la Administración autonómica y local de aquellas CC.AA. que han atribuido al Consejo el ejercicio de esta competencia (Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla).
El Consejo realiza un seguimiento de sus resoluciones favorables al reclamante, para comprobar si la Administración las cumple y ha facilitado al ciudadano la información. De las 964 resoluciones estimatorias de ámbito estatal dictadas en 2025, el 85,3% constan cumplidas por la Administración y 110 expedientes constan como no resueltos, según la base de datos del organismo. A nivel autonómico y local se registra una tasa de cumplimiento notablemente menor. De las 409 resoluciones estimatorias, se cumplieron 285 y 121 (un 29,6%) permanecen sin respuesta
Inteligencia artificial sin brújula
La Administración ya utiliza inteligencia artificial. Pero, según Campos, lo ha hecho al revés: primero la emplea y luego se pregunta cómo regularla. “La IA no es una finalidad sino un instrumento. Si una decisión está automatizada, el ciudadano tiene derecho a conocer el criterio”, subraya.
Menciona ejemplos de ciudades europeas como Helsinki o Ámsterdam, que han puesto en marcha registros públicos de algoritmos; y países como Francia o Reino Unido, que han legislado ya en esa dirección. “En España algunas comunidades autónomas también”, dice. A escala Nacional falta todavía ese salto: pensar la IA desde la ética y la transparencia, no solo desde la eficiencia.
Opacidad
¿Dónde se concentra más opacidad, en el Estado, en las autonomías o en los ayuntamientos? Campos esquiva el ranking, pero matiza un prejuicio habitual: “Al mundo local se le acusa mucho de falta de transparencia, porque una conversación con un concejal puede darse en la calle o en una panadería, pero en el mundo local la gente conoce las cosas de forma más directa, simplemente porque cuando surge un problema lo normal es acudir al ayuntamiento”.
La Administración del Estado, en cambio, se percibe “más lejana” por pura distancia. Acortar ese espacio, insiste, es también una cuestión de lenguaje y comunicación.
La experta vuelve, entonces, al punto de partida: la comunicación como herramienta central de su mandato. “La comunicación es clave. Tanto la externa como la interna. Tenemos que relacionarnos y reunirnos con todos los implicados. ‘Oiga, usted tiene muchas peticiones de información incumplidas, ¿por qué? ¿Qué ocurre?’ Y en ese punto ayudar”.
Porque la transparencia no se agota en un portal o en una ley. Empieza con algo tan básico como responder a quien pregunta. “Lo mínimo que merece la ciudadanía”, repite, “es una respuesta. Positiva o negativa, pero siempre una respuesta”.
