- El decano Eugenio Ribón participará en la jornada “Un año de la Ley de Eficiencia. #RevisiónYa”
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid trasladará este lunes al Congreso de los Diputados su valoración crítica sobre el impacto real de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en la jornada “Un año de la Ley de Eficiencia. #RevisiónYa”, organizada por el Grupo Parlamentario Popular.
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, intervendrá en la segunda mesa de la jornada, titulada “Los problemas de los profesionales antes y después de la ley de eficiencia y el coste para los ciudadanos”.
La intervención del Decano permitirá trasladar a la sede parlamentaria la posición institucional del ICAM ante una reforma que, pese a perseguir objetivos compartidos —una Justicia más ágil, accesible y eficiente—, está generando importantes disfunciones prácticas para la abogacía y para la ciudadanía.
El Colegio ha advertido de que la configuración de los medios adecuados de solución de controversias como requisito general de procedibilidad puede convertirse, en determinados supuestos, en una barrera de acceso a la jurisdicción y comprometer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuestionando por tanto la constitucionalidad de la norma.
Las críticas del ICAM se centran en la imposición generalizada de un trámite previo cuya eficacia práctica no se está correspondiendo con la carga procesal, económica y organizativa que genera.
Durante su intervención, Ribón expondrá también la especial preocupación del ICAM por el impacto de la Ley en procedimientos particularmente sensibles, como los de familia con menores, justicia gratuita y litigios internacionales o transfronterizos. En los asuntos de familia, el Colegio advierte de que la demora puede cronificar el conflicto y afectar directamente al interés superior del menor. En el ámbito de la justicia gratuita, la exigencia de comunicaciones fehacientes u otros actos de acreditación puede traducirse en una carga añadida para personas vulnerables. Y en los procedimientos internacionales, la activación previa de un MASC puede revelar anticipadamente la intención de demandar en España y favorecer movimientos procesales estratégicos en otros foros.
“La eficiencia de la Justicia no puede medirse por el número de filtros previos que se interponen antes de acudir al juez, sino por la capacidad real del sistema para ofrecer respuestas seguras, ágiles y accesibles. Cuando la procedibilidad introduce demoras, costes añadidos, incertidumbre o desigualdad práctica, deja de ser un instrumento de racionalización y puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos”, subraya Eugenio Ribón.
La opinión de la abogacía madrileña
Esta valoración crítica del ICAM se apoya, además, en la experiencia directa de la abogacía madrileña. Según la encuesta impulsada por la revista jurídica del ICAM, OTROSÍ, realizada sobre una muestra de 1.164 letrados y letradas, el 84% de los profesionales valora negativamente la obligatoriedad de los MASC como condición previa para acudir a los tribunales. Solo uno de cada diez intentos de resolución anticipada habría finalizado con acuerdo, mientras que el 90% de los encuestados considera que los nuevos trámites están ralentizando los procedimientos.
El estudio refleja además que el 50,7% de los abogados y abogadas ha tenido dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante el juzgado. Para el ICAM, este dato evidencia uno de los principales riesgos de la reforma: que el debate procesal se desplace desde el fondo del asunto hacia la suficiencia formal del intento negociador, generando litigiosidad accesoria, retrasos e incertidumbre.
A ello se suma la disparidad de criterios judiciales detectada por los profesionales. El 71% de los encuestados considera que los requisitos de procedibilidad se están interpretando de forma muy desigual, lo que incrementa la inseguridad jurídica y dificulta una aplicación homogénea de la norma. Para la abogacía madrileña, la admisión de una demanda no puede depender de interpretaciones dispares sobre la suficiencia del trámite previo.
La participación del ICAM en esta jornada en el Congreso se enmarca en una línea de actuación sostenida desde la tramitación de la Ley Orgánica 1/2025. El Colegio ha formulado propuestas de mejora, ha reclamado criterios claros y homogéneos, ha puesto en marcha un portal monográfico sobre la Ley de Eficiencia, ha reforzado el papel de mediaICAM y ha impulsado servicios de apoyo operativo para facilitar la acreditación de los nuevos requisitos.
Con su participación en la jornada “Un año de la Ley de Eficiencia. #RevisiónYa”, la abogacía madrileña vuelve a reclamar una revisión normativa y aplicativa de aquellos aspectos de la LO 1/2025 que están comprometiendo el derecho de defensa, la seguridad jurídica y el acceso efectivo de la ciudadanía a los tribunales.
