Hace ya más de 25 años que la Constitución Española reconoció el derecho a la protección de la salud. Durante todo este tiempo se han producido importantes cambios normativos en esta materia que han culminado con la nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que no sólo atiende a las perspectivas clásicas de seguridad alimentaria (alimentos que no contengan patógenos o contaminantes), sino que incorpora aspectos importantes relacionados con la nutrición.
Uno de los pilares de la nueva ley es el fomento de hábitos saludables, principalmente a través de una alimentación saludable y de la práctica regular de actividad física, y entre los mecanismos que establece destacan la educación y prevención de enfermedades relacionadas directamente con la obesidad y el sobrepeso, que son consideradas ya por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la primera pandemia no infecciosa del siglo XXI y segunda causa de muerte evitable en el mundo occidental.
Con el objetivo de sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud, así como de impulsar todas las iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos adopten hábitos de vida saludables, en el año 2005 se puso en marcha la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad).
La nueva ley prevé actualizar y avanzar en los objetivos de la Estrategia NAOS y crear un Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad con el objetivo de promover el desarrollo de políticas y disponer de información precisa sobre la realidad existente.
Según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada cuatro niños es obeso o padece sobrepeso, lo que convierte a España en uno de los países con mayor tasa de obesidad y sobrepeso infantil de la Unión Europea, por lo que en la nueva ley se presta especial atención a la prevención de la obesidad en niños y adolescentes, regulándose de forma específica la composición de los alimentos y la alimentación en el entorno escolar, y adoptando medidas concretas que obligan a la industria alimentaria a minimizar el contenido de las grasas trans.
Entre las medidas especiales dirigidas al ámbito escolar se incluye que las comidas servidas en los centros escolares sean variadas, equilibradas y estén adaptadas a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad y sean supervisadas por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética, y se prevé que se proporcione a las familias la programación mensual de los menús y reciban orientación con menús adecuados para que la cena sea complementaria con el menú del mediodía.
Además, no se permite la venta de alimentos y bebidas que se suministren por cualquier medio en el interior de los centros educativos que no cumplan unos determinados criterios nutricionales, y las autoridades educativas competentes deberán promover la enseñanza de la nutrición y alimentación y el conocimiento de los beneficios que para la salud tienen la actividad física y el deporte.
La ley también pone especial énfasis en la publicidad dirigida a los menores de 15 años mediante el establecimiento de códigos de conducta que regulen las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas dirigidas a este segmento de la población y declarando los centros escolares como espacios protegidos de la publicidad.
La opinión generalizada es que las medidas previstas por la ley para la lucha contra "la comida basura" eran necesarias. No obstante, desde algunas asociaciones se ha lamentado que algunos aspectos como la limitación legal al porcentaje de grasas trans que puede contener un alimento, así como la prohibición de venta de alimentos extra-calóricos en centros escolares, se hayan dejado para un desarrollo reglamentario posterior.
Medidas legislativas aparte, el factor formación en familias y escuela así como la implicación del mundo empresarial y el sistema sanitario resultan determinantes para la lucha contra la obesidad y sobrepeso.
