Práctica Jurídica

A partir de la supresión del Servicio Militar Obligatorio por la Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005 de 17 de noviembre la necesidad de dar contenido al derecho y deber que los españoles tienen reconocido en el artículo 30 de la constitución de defender a España ha dado origen ha la figura del reservista como fórmula de asegurar la participación de todos los ciudadanos en la defensa nacional. Las leyes 8/2006 de 24 de abril de Tropa y Marinería y 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar regulan esta figura en sus tres modalidades de reservistas voluntarios, reservistas obligatorios y reservistas de especial disponibilidad.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, los miembros de la Guardia Civil pierden su condición de militares, que sólo recuperarán excepcionalmente en los supuestos en los que pasen a depender del Ministro de Defensa en cumplimiento de misiones de carácter militar o queden integrados en unidades militares.

Con el fin de prevenir la eventual "contaminación" y garantizar la imparcialidad de los órganos judiciales militares, la Ley Orgánica 9/2003 de 15 de julio modificó la composición numérica de de los tribunales militares establecida en la Ley Orgánica de competencia y organización de la Jurisdicción militar (Ley Orgánica 4/1987 de 15 de julio). De este modo cuando se trate de celebrar juicio oral y dictar sentencia en procedimientos por delito y en los recursos en sus jurisdiccionales en materia disciplinaria la correspondiente Sala se constituye por el Auditor Presidente, un Vocal Togado y un Vocal Militar, en lugar de los cinco miembros que tradicionalmente la constituían, con el fin de que puedan ser distintos de los componentes de la Sala que haya adoptado resoluciones interlocutorias o previas en el mismo procedimiento.

Una Sentencia del Tribunal de Justicia de la CE ha dictaminado que Telefónica no tiene la obligación de ceder los datos de los usuarios que realicen intercambios de música P2P ("peer to peer") a la asociación de productores y editores de música de España (PROMUSICAE).

En noviembre pasado, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Bilbao dictó Sentencia desestimando la demanda que el arquitecto D. Santiago Calatrava autor de la pasarela "Zubi Zuri" de Bilbao, presentó contra el Ayuntamiento de esta ciudad y dos promotoras inmobiliarias .En el fallo prima la "utilidad pública" frente a la "creación artística" del arquitecto, ha sido apelado.

Que el fraude fiscal es un delito es algo conocido por todas las personas que nos movemos en el ambito jurídico y económico. Todos sabemos que en función del importe defraudado en impuesto y año se tipifica por el Código Penal la sanción correspondiente. Sin embargo, es bastante desconocido que el fraude fiscal es un nuevo concepto de blanqueo de capitales desde la modificación de la Ley 19/1993 con la Ley 19/2003. En ese momento se adiciona  a los conceptos ya existentes de blanqueo de capitales uno nuevo que es el fraude fiscal en aquellas operaciones que el Codigo Penal tipifique con penas de prisión superior a 3 años. Este baremo se reducirá con la transposición de la III Directiva sobre blanqueo de capitales a delitos fiscales castigados con penas de prisión superiores al año de duración.

Las autoridades han ido estableciendo ciertos controles sobre los movimientos de fondos con paraísos fiscales. La normativa de prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, ya estaba exigiendo el control sobre estas operaciones desde el año 1995. Sin embargo, dichas operaciones siguen siendo muy atractivas, como también lo es fijar la residencia en uno de esos países. Por lo tanto, entendemos que el control existente a día de hoy no es suficiente y que se deberían establecer medidas más duras para evitar escándalos como el que se ha destapado recientemente en Liechtenstein.

El autor analiza las principales cuestiones prácticas que se plantean en relación a los reconocimientos fotográficos, en rueda y en el plenario, del acusado.

Con el reciente Real Decreto 12/2008 se completa el régimen jurídico de la Red de Parques Nacionales. La nueva norma asigna nuevas funciones al Consejo de la Red, regula su funcionamiento y precisa su composición, concretando la representación de las diversas asociaciones presentes en el Consejo como forma de participación pública en la Red de Parques Nacionales.