Los derechos que la ley reconoce a los interesados se convierten en una pieza esencial del sistema de protección configurado legalmente, puesto que permiten al interesado controlar el tratamiento y uso que de sus datos hacen aquellas personas que los tratan.
De esta manera el interesado goza de una garantía legal que le permitirá, en su caso, dirigirse al responsable del fichero con el fin de que el mismo cumpla con las obligaciones que legalmente le son exigibles, al tiempo que queda garantizado un tratamiento adecuado de los datos de carácter personal del mismo.
La ley establece el carácter personalísimo de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, de manera que sólo podrán ser ejercidos por el titular de los mismos, si bien se prevé la posibilidad de que sean ejercidos a través del representante legal en aquellos casos en los que se produzca una situación de incapacidad legal.
En concreto, la ley reconoce al interesado los derechos de impugnación de valoraciones, acceso al Registro General de Protección de Datos, acceso, rectificación, cancelación y oposición.
