Práctica Jurídica

El canon analógico y digital es una figura muy cuestionada, que ha generado un intenso debate sobre su justificación y oportunidad. Una vez aceptada su existencia, es necesario conocer su naturaleza jurídica, a fin de conocer qué principios lo inspiran y a que criterios se halla sujeto. Concretamente, emerge la duda de si se trata de un tributo y de si, por tanto, queda sometido a las reglas y principios tributarios, materia que el autor analiza con rigor y concisión en este artículo.

El autor analiza si procede la inclusión del recargo ejecutivo reducido del 5%, que nace al iniciarse la vía ejecutiva, cuando el Estado opera  la compensación de oficio con otros créditos que el ente público deudor pueda tener contra él.

En algunas ocasiones la retención puede dar lugar a un doble pago en favor de la Hacienda. Esto sucede cuando el retenedor no retuvo y la Administración le exige el pago de  las cantidades que debió retener, al tiempo que el contribuyente no dedujo cantidad alguna en concepto de retención y abono íntegramente la deuda tributaria. El autor analiza la STS de 27de febrero de 2007, que niega esta posibilidad cuando concurran determinadas circunstancias.

El autor analiza las ventajas que presenta el recargo sobre impuestos estatales como recurso tributario de las Comunidades Autónomas. A pesar de sus cualidades, el modelo de financiación autonómica vigente lo ha dejado arrumbado, lo cual suscita la permanente duda de si ha sido una decisión correcta.

El grave problema del fraude fiscal en las operaciones intracomunitarias lleva a la Comisión Europea a proponer un régimen generalizado de inversión de sujeto pasivo que no sólo altera de manera fundamental los esquemas aplicativos del IVA sino que comporta sus propios problemas.

Habitualmente, cuando se produce el proceso de compra de una sociedad, se valoran las contingencias tributarias derivadas de la mala práctica del "target" mediante un procedimiento de "due diligence". Pero el coste tributario derivado de las plusvalías tácitas existentes en la misma, especialmente cuando el único activo de la sociedad es un inmueble,  no suele ser tenido en cuenta, para posterior disgusto del adquirente.

El autor valora positivamente la futura supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque advierte que se debe efectuar con profesionalidad y sin ignorar los aspectos positivos que dicho tributo presenta en el conjunto de nuestro sistema fiscal.

Cada vez con más frecuencia se presenta el supuesto en que el Estado tiene deudas tributarias (o de Derecho público) contra otros entes públicos que, a su vez, también son acreedores de aquél, suscitándose la duda de si el Estado puede iniciar directamente la vía de apremio o debe antes proceder a la compensación de oficio.

El autor analiza si procede la inclusión del recargo ejecutivo reducido del 5%, que nace al iniciarse la vía ejecutiva, cuando el Estado opera la compensación de oficio con otros créditos que el ente público deudor pueda tener contra él.