MADRID (Reuters) – El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió el jueves archivar la causa contra ocho personas por la convocatoria de la manifestación «Rodea el Congreso» el 25 de septiembre en Madrid al no apreciar un delito contra las Altas Instituciones del Estado.
"Nos ha preguntado si en nuestro ánimo estaba impedir el normal funcionamiento del Congreso y si queríamos ocupar el Congreso. Hemos dicho evidentemente que no", dijo uno de los imputados a varios medios al abandonar la Audiencia.
"El juez ha considerado que no es constitutivo de delito y ha archivado el caso", agregó.
La manifestación, que acabó con 35 detenidos y 64 heridos al producirse disturbios entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, congregó a miles de personas que protestaron en las inmediaciones del Congreso, fuertemente blindado, contra las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy para combatir el alto endeudamiento de las finanzas españolas.
El juez consideró que no se puede hacer responsables a los convocantes de los actos realizados por terceras personas que se extralimiten del objeto de la convocatoria y constató que no hubo intención de invadir la Cámara Baja.
"No cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política", dijo el auto del juez.
Pedraz, que ha tomado declaración a siete de los ocho imputados, destacó asimismo que la sesión de las Cortes no se vio interrumpida por los manifestantes, otro motivo para archivar la causa.
A las afueras del juzgado se concentraron un grupo de personas en apoyo de los imputados, según un fotógrafo de Reuters presente en el lugar.
La resolución de este asunto se produce poco después de que el Ministerio del Interior abriera una investigación para examinar la actuación de los policías antidisturbios que entraron en la estación madrileña de Atocha el pasado 25 de septiembre para reprimir a manifestantes que participaron en la protesta contra los recortes del Gobierno.
Además, en la Audiencia Nacional está pendiente de resolución también el caso de los 34 detenidos por los disturbios producidos en la citada manifestación.
La protesta del 25-S no sólo ha coleado en el plano jurídico, sino que ha provocado otra polémica cuando la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, planteó la posibilidad de "modular" el derecho de manifestación.
Cifuentes planteó "racionalizar el uso del espacio público", algo que considera compatible con el derecho constitucional a manifestarse, pero sus palabras provocaron una oleada de críticas que interpretaron que pretendía tocar un derecho democrático fundamental.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo que sólo se podría regular "administrativamente" y que hacerlo en exceso complicaría la convivencia democrática.
