MADRID (Reuters) – La juez que instruye el caso de los ERE en Andalucía impuso el miércoles una fianza civil de 29 millones de euros a la exministra española Magdalena Álvarez, a la que considera una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que se prolongó más de un decenio, según el auto judicial.
La magistrada Mercedes Alaya apunta a que Álvarez, que fue consejera de la Junta de Andalucía hasta
2004, actuó en connivencia con otros para poner en marcha desde 2001 un
procedimiento irregular de concesión de subvenciones que perduró hasta
2011.
"Dicho procedimiento consistía en dotar a la Consejería de
Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas 'transferencias de
financiación', legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales
subvenciones, pues su finalidad era financiar operaciones genéricas de
los entes o empresas públicas", según el auto.
"La consecuencia era obvia, no se tramitaban expedientes de subvenciones, sino expedientes de transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía con vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones", añadió el texto.
La fianza civil pretende cubrir las responsabilidades civiles que podría tener la expolítica, hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en caso de ser hallada culpable. La exministra, imputada por malversación y prevaricación, puede recurrirla.
Álvarez, que fue ministra entre 2004 y 2009 con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo al frente de la consejería andaluza de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, fechas en las comenzó a darse presuntamente el fraude con las subvenciones públicas a los ERE en el seno de la Junta de Andalucía.
La imputación por malversación de fondos y prevaricación de la exministra se basa en la legalidad del procedimiento con el que la Junta de Andalucía – gobernada por el PSOE desde hace más de 30 años – pagó durante años los ERE aparentemente sorteando los controles internos.
La acusación popular de Manos Limpias había solicitado una fianza civil de 125 millones, mientras que la Fiscalía Anticorrupción no había pedido medidas contra Álvarez después de que la exconsejera declarara sobre el uso indebido de un fondo que estuvo dotado con más de 700 millones de euros durante una década, según fuentes de la investigación.
El fraude investigado se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y la cantidad desviada de unos fondos creados para agilizar los ERE ascendería a 136 millones de euros, según estimaciones de la investigación citadas por medios.
El escándalo de corrupción, uno de los más importantes detectados en España en los últimos años, fue uno de los factores que llevó a José Antonio Griñán a dejar la presidencia de Andalucía este año.
