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El yerno del Rey y su socio serán embargados tras no pagar la fianza

7 de Febrero de 2013

MADRID (Reuters) - El juez que investiga un presunto caso de corrupción en el que se ha visto implicado el yerno del Rey de España ordenó el jueves a Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, presentar una relación de bienes que les serán embargados tras no abonar la fianza de 8,2 millones de euros.

Reuters


REUTERS/Marko Djurica

"El juzgado de Instrucción número 3 de Palma, tras constatar que la fianza de responsabilidad civil (...) no ha sido abonada (...), proveerá en los próximos días un requerimiento personal a ambos para que presenten ante el juzgado una relación de bienes con los que poder responder a dicha fianza, a efectos de que sean embargados", dijo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un mensaje.

Urdangarin y Torres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en un caso sobre la presunta apropiación indebida de fondos públicos a través del instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidía el duque.

El juez José Castro les impuso la fianza para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso judicial.

La imputación por corrupción del duque de Palma, esposo de la infanta Cristina, la segunda hija del Rey, ha sido uno de los reveses más importantes que ha sufrido la Casa Real en los últimos años, que han llevado a un considerable descenso de la popularidad de la monarquía en un país agobiado por la crisis económica.

Urdangarin, en un escrito remitido al juez con el que intentó evitar la fianza, defendió que los contratos que firmó su fundación con diferentes administraciones públicas y que estaban relacionados principalmente con la organización de actos relacionados con el deporte y el turismo fueron correctos, y que no cometió delito alguno.

El yerno del Rey afirmaba además que no ocupaba más que una mera "función representativa" en una institución que habría desviado fraudulentamente unos seis millones de euros recibidos de los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2007.

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