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El rincón de Reuters

La nueva ley de costas, ¿salvación o condena para el litoral español?

10 de Mayo de 2013

MADRID (Reuters) - La posibilidad de un nuevo boom inmobiliario en la costa española alarma a la oposición y a los ecologistas ante la ley aprobada el jueves en el Congreso que tiene el objetivo declarado por el Gobierno de proteger el litoral y ofrecer garantías jurídicas a más de 125.000 viviendas y un millar de establecimientos industriales.

/Por Raquel Castillo Lopez e Inmaculada Sanz / Reuters


La Ley de Costas, que sustituye a una norma anterior de 1988 cuyo incumplimiento sistemático llevó a la construcción masiva en el litoral en el decenio anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, no permitirá nuevas edificaciones y protegerá el medio ambiente, según el Gobierno.

Pero la normativa, aprobada sólo con los votos del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, supondrá según distintas voces de la oposición la "privatización del litoral", "desmanes urbanísticos" y "especulación del dominio público".

"No hay nuevas construcciones, se pueden modernizar hoteles que estén obsoletos por ejemplo, pero sin ganar altura, volumen, ni superficie", afirmó el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el jueves en el Parlamento.

Otros grupos políticos consideran que la ley es tan laxa que podría repetir el modelo del "ladrillazo" que permitió que España creciera a un ritmo de hasta el 5 por ciento en 2000 y que, tras el inicio de la crisis, ha dejado al país sumido en la recesión.

"En nuestro país deberíamos haber aprendido la lección de que acumulando ladrillo no generamos prosperidad de forma duradera ni correcta", dijo a Reuters la ex ministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona.

En las comunidades costeras de Andalucía, Valencia y Cataluña, donde según datos oficiales se levantaban la mitad de las más de 3,44 millones de viviendas vacías del país en 2011, se ha procesado a alcaldes y concejales que aceptaron pagos de constructoras a cambio de la recalificación de terrenos.

"Es evidente que la Ley de Costas ha sido reformada para ponerse al servicio de los intereses de las constructoras y de amnistiar las ilegalidades que se hayan cometido", dijo a Reuters Laia Ortiz, de Iniciativa per Catalunya Verds.

DECISIÓN EN MANOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Uno de los puntos más polémicos es la decisión de reducir la zona de protección costera desde los 100 hasta los 20 metros, lo que según Narbona es un retroceso en términos de espacio público y patrimonio ciudadano.

Así, la nueva norma deja en manos de unos ayuntamientos profundamente endeudados la decisión de urbanizar en estas zonas si se demuestra que tenían acceso rodado y acometida de electricidad antes de 1988, siempre que el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncie en sentido contrario.

"La nueva ley de costas se ha convertido en una ley del suelo, de desarrollo urbanístico a toda costa sin tener en cuenta la protección ambiental, se ha hecho para evitar esos escollos que impedían seguir construyendo", dijo Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, a Reuters.

El Ejecutivo insiste en que la nueva ley dará protección jurídica a personas, muchas de ellas extranjeras, que compraron viviendas con licencias municipales que luego nunca llegaron a ser ratificadas y que se enfrentaban al problema de perder sus casas dentro de cinco años.

De este modo, se prorrogarán hasta un máximo de 75 años las concesiones a antiguos propietarios de bienes en la costa expropiados por la vieja normativa. Esta concesión se aplicará a 12.800 viviendas en unos terrenos muy cercanos a la costa que tras los deslindes pasaron a formar parte del dominio público.

Por otro lado, a los propietarios de unas 125.000 edificaciones que tras el deslinde queden en zonas de servidumbre sí se les permitirán obras de reparación y mejora, aunque sin posibilidad de ampliar ni volumen ni altura, mientras que unos 24.000 propietarios que inscribieron sus terrenos antes de 1988 se beneficiarán del derecho de transmisión.

"(La ley) defiende la seguridad jurídica de aquellos que con buena fe antes de 1988 tenían sus instalaciones industriales en la costa o sus viviendas en la costa, y que la ley pasada establecía que en 2018 habría que derribarlas todas", dijo el titular de Medio Ambiente en declaraciones a la prensa.

El diputado del Partido Popular Rafael Hernando dijo en una entrevista con Reuters que la "amnistía" se refiere exclusivamente a zonas urbanas consolidadas que en su momento no fueron calificadas como urbanas legalmente.

"No se va a invadir ninguna playa no construida, ni ninguna playa, ni ninguna zona natural", añadió Hernando, antes las críticas de no primar la protección del medio ambiente, ministerio que el PP integró en el de Agricultura hace año y medio y cuyo presupuesto se redujo un 35 por ciento en 2012.

A las irregularidades y a la especulación se refirió el llamado informe Auken del Parlamento Europeo en 2009, que recogía que las administraciones habían puesto en marcha durante años un modelo de desarrollo insostenible con gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas.

"La ley de costas fallaba porque ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerio se la saltaban, y sin embargo son los grandes beneficiados aquellos que se la han saltado", dijo Marcos, de Greenpeace.

Desde la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, su fundador, José Ortega, dijo que la nueva normativa no respondía a las expectativas de los afectados.

"Nos deja en una situación peor", manifestó. "Es un fraude de estado para rescatar las concesiones por razones de interés público sin pagar dinero o pagando una cantidad mínima".

La ley incluye una cláusula "antialgarrrobicos" con el objetivo de evitar "barbaridades urbanísticas" como las del hotel levantado en la playa del Algarrobico, del parque natural del Cabo de Gata (Almería), y declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

CAMBIO CLIMÁTICO

La organización ecologista Greenpeace, que durante el debate de la ley el jueves protagonizó un acto de protesta encaramándose a la fachada del Congreso que se saldó con ocho detenidos, denuncia además el apartado relativo al cambio climático, ya que la norma recoge únicamente que se va a llevar a cabo un estudio de las playas españolas en los próximos dos años para ver la incidencia del calentamiento global en ellas.

"El Ministerio de Medio Ambiente trata el cambio climático como una frivolidad, en lugar de con responsabilidad, dice que en el momento en que se produzca empezará a construir muros para intentar contener el mar", dijo Marcos, cuya organización aspiraba a ampliar la zona de protección costera hasta los 500 metros.

La ex ministra Narbona considera también una irresponsabilidad no tener en cuenta desde ahora el cambio climático, y se mostró partidaria de denunciar la norma ante las instituciones europeas.

"Es una ley que va en contra de la obligación asumida a nivel europeo de una correcta adaptación al cambio climático, una integración en las políticas de todo tipo", afirmó Narbona.

Desde el partido en el poder se dice que las previsiones que se hicieron hace 25 años respecto al cambio climático no se han cumplido y que es necesario analizar las alteraciones en los distintos tramos costeros.

"Esto de que alguien pueda prever que se van a producir invasiones del mar, en qué cuantía, de qué forma o a qué altura, me parece un poco prematuro", aseguró el diputado popular Hernando.

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