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La primera sentencia de caso Gürtel condena a 13 años de prisión a Correa

10 de Febrero de 2017

MADRID (Reuters) - Un tribunal valenciano condenó el viernes a penas de hasta 13 años de cárcel a 11 personas por el amaño de contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel, en la primera sentencia sobre uno de los principales casos de corrupción política que ha sacudido al país en los últimos años.

Reuters

REUTERS/Susana Vera

El caso Gürtel, cuyo recorrido judicial aún no está agotado, ha salpicado a varios miembros del gobernante Partido Popular desde su descubrimiento, que llevó a que se destaparan nuevos casos de supuesta corrupción como el caso Bárcenas y provocó la indignación de la población española durante una de las más profundas crisis económicas de su historia reciente.

Esta primera sentencia, que impone penas de entre 3 y 13 años de cárcel a 11 de los 13 acusados, recoge los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

"El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009)", dijo en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El tribunal condenó a 13 años de prisión al cabecilla de la trama, Francisco Correa, una pena similar a la del ex político del Partido Popular Pablo Crespo, mientras que Álvaro Pérez, conocido como "El Bigotes" fue condenado a 12 años de cárcel.

La exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez fue condenada a nueve años de cárcel, mientras que otros ex altos cargos de la administración autonómica y trabajadores de las empresas de Correa fueron condenados a penas menores.

El tribunal dijo que el Grupo Correa se creó ex profeso para influir en la administración, manipular concursos públicos y lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes, mientras que la Consellería alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo, a las que facilitó información privilegiada.

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