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Otro ex tesorero del PP declara en Anticorrupción por los supuestos pagos

7 de Febrero de 2013

MADRID (Reuters) - El ex tesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta declara el jueves en la Fiscalía Anticorrupción, al día siguiente de que lo hiciera su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, inmerso en un escándalo sobre supuestos pagos irregulares en el Partido Popular que ha engullido al presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Reuters


REUTERS/Paul Hanna

Lapuerta declarará sobre la supuesta caja B del PP, recogida en unos documentos publicados por el diario El País y atribuidos a Bárcenas, aunque este ha negado ser su autor. Ambos ex tesoreros de la formación en el poder han negado también la existencia de cualquier contabilidad irregular, al igual que los dirigentes del PP.

Bárcenas, que trabajó durante tres décadas al PP como gerente y luego tesorero, declaró el jueves en la fiscalía durante unas dos horas, después de que lo hiciera el ex diputado del PP Jorge Trías Sagnier, que ha dicho que estos supuestos pagos irregulares sí existieron.

Dependiendo de las conclusiones de la Fiscalía, podría referirse el caso al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que ya está investigando a Bárcenas y a otros responsables del PP dentro del caso Gürtel, abierto desde 2009.

Bárcenas ha dicho que las cuentas publicadas en la prensa son falsas. Rajoy lo niega todo y ha anunciado una auditoría externa sobre el tema.

El alcance del escándalo Bárcenas ha amenazado la credibilidad de Rajoy tanto en casa como en Europa mientras trata de combatir una profunda recesión y las dudas persistentes sobre si las finanzas podrán sobrevivir sin un rescate internacional.

Bárcenas deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el 25 de febrero en relación con la aparición de otra cuenta suiza durante las investigaciones judiciales a través de la cual habría regularizado con Hacienda parte de 22 millones de euros.

Analistas políticos y expertos en corrupción dicen que la lentitud de la justicia en España podría beneficiar a Rajoy ya que los tribunales tardarán años en determinar si hay delitos que puedan ser juzgados.

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