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Comienza el ajuste de las renovables con la previsión de eliminar las ayudas a parques eólicos anteriores a 2005

4 de Febrero de 2014

El año 2013 fue especialmente intenso en lo que respecta a la actualidad normativa y jurisprudencial del mundo de la energía en España. Se trata sin duda de un cambio de ciclo en el que las empresas del sector han dejado de ser sostenidas no sólo normativamente, sino económicamente por un Estado que, sin embargo, no permite que el coste de meter la energía en las casas y en las fábricas se traslade a la factura. El último anuncio de eliminar los apoyos económicos a los parques eólicos anteriores a 2005 confirma una tendencia clara de ahorro estatal del sostenimiento del sistema energético.

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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo estudia eliminar los apoyos económicos a los parques eólicos españoles que daten de antes del año 2005 dentro del nuevo marco retributivo para el régimen especial (renovables, cogeneración y residuos). Se trata de un borrador que ha remitido el departamento ministerial a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un paquete normativo con  más de 1.700 páginas a través del que se busca un ahorro de unos 1.750 millones de euros en el presente año 2014.

Profundiza la línea de la reforma iniciada en julio de 2013, que cambia el actual sistema retributivo, que en su día se basó en primas como incentivos que se añaden al precio de la energía en el mercado, a otro que garantice únicamente la llamada “retribución razonable” durante la vida útil de la instalación eólica.

Dicha "retribución razonable", inicialmente sería de un 7,5 %, pero a la cual se aplicaría unos ajustes en virtud de determinados estándares de inversión: uno de los cuales sería la fecha puesta en funcionamiento de la planta o su tecnología.

"El Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España, referido a 2012, demuestra con datos que las energías limpias son un gran negocio para España y también para Europa. El sector renovable registró en el citado año 114.000 empleos y con una aportación de 10.563 millones de euros representó el 1% del PIB español", ha declarado el presidente de APPA, José Miguel Villarig, quien matiza además que "la decisión de la Comisión supone tirar por la borda el ingente esfuerzo inversor llevado a cabo en Europa, tanto por el sector público como privado, y abandonar una posición de privilegio en el sector de las energías limpias, que es sostenible medioambiental y económicamente, según la Asociación".

Para la Fundación Renovables, la irrupción de las renovables a unos precios actualmente más competitivos que las energías fósiles, incluso sin considerar sus externalidades, "está provocando la movilización de los lobbies europeos de empresas eléctricas tradicionales para defender su negocio actual, hecho que ha influido notoriamente en la Comisión". Conforme a la óptica de la Fundación Renovables, "se propone así una desaceleración en la transformación del sistema energético que, a nuestro juicio, es completamente errónea puesto que aumentará la debilidad económica de la Unión por su altísima dependencia energética exterior en un momento en el que, a nivel mundial, las energías renovables son la opción más barata en un número creciente de aplicaciones". Termina razonando que "Renunciar al ahorro energético en una Unión que compra más del 50% de su energía al exterior es sencillamente suicida y solo se entiende desde la óptica empresarial de mantener el beneficio de unas instalaciones energéticas obsoletas". 

La Comisión Europea fija en un 27% el objetivo de las renovables obligatorio para la UE

Si en diciembre de 2008 la UE adoptó un conjunto de medidas cuyo objetivo fue reducir la contribución al calentamiento global y garantizar el abastecimiento energético, a partir de la primavera de 2013, sin embargo, fuentes de la Unión Europea han ido anunciando un cambio de rumbo en la política: "Hasta ahora nos hemos fijado solo en la lucha contra el cambio climático. No podemos dejarlo de lado, pero nuestra principal preocupación va a ser el mercado".

Tal y como ha comunicado el Ejecutivo comunitario, fundamentado en un análisis detallado de los precios y costes de la energía, el marco de la política energética 2030 garantizará una seguridad normativa a los inversores, así como un planteamiento coordinado entre los Estados miembros, lo que propiciará el desarrollo de nuevas tecnologías.

El objetivo de este marco es impulsar un avance continuo hacia una economía baja en carbono y un sistema energético competitivo y seguro que garantice una energía asequible para todos los consumidores, incremente el nivel de seguridad del suministro energético de la UE, reduzca nuestra actual dependencia de las importaciones de energía y cree nuevas oportunidades de crecimiento y empleo, todo ello teniendo en cuenta el posible impacto de los precios a más largo plazo.

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