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El 83% de los europeos piden normas para que telecos garanticen privacidad de las comunicaciones electrónicas

5 de Agosto de 2016

El 76% de los ciudadanos pide incluir en las normas los proveedores de servicios OTT si dan servicios de VoIP o mensajería instantánea

EP

El 83% de los europeos y representantes de las organizaciones civiles respaldan normas sobre privacidad específicas para que el sector de las telecos garanticen la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas.

Este es una de las conclusiones principales que arrojan los resultados preliminares de una consulta pública lanzada por el Ejecutivo comunitario de cara a revisar la directiva ePrivacy y que publicará de manera completa en otoño, una vez los haya analizado detenidamente.

El 76% de los ciudadanos europeos y representantes de la sociedad civil creen que las normas europeas sobre 'ePrivacy' no han cumplido sus objetivos de garantizar plenamente la protección la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones o lo han logrado de forma limitada.

El 42% de las empresas del sector rechaza ampliar el alcance de las normas para incluir los proveedores de servicios OTT (over the top) cuando ofrecen servicios de VoIP, es decir, de llamadas de voz a través de Internet como si fuera una conexión de datos, o servicios de mensajería instantánea frente al 76% de ciudadanos y representantes de la sociedad civil que sí apoyan incluirlos en las normas.

Los ciudadanos en general creen que el alcance de las normas es demasiado limitado y existen diferencias entre los Estados miembro, además de una falta de aplicación y cumplimiento, aunque la industria y las autoridades públicas en cambio son más positivas respecto a que las normas han cumplido sus objetivos.

La legislación sobre servicios de comunicación electrónica necesita adaptarse en línea con las nuevas normas de protección de datos general y el Ejecutivo comunitario, que tiene previsto presentar más adelante este año una propuesta al respecto, ya ha avanzado su intención de reforzar la seguridad y la confianza en los servicios digitales, de manera que se garantice un elevado nivel de protección para las personas y un marco equitativo para las empresas.

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