La plataforma de afectados por el caos aeroportuario ha desvelado esta mañana la estrategia jurídica que seguirán los abogados del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que han encomendado la defensa de sus intereses. El abogado Juan Ortiz Úrculo, Socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, ha confirmado que para defender a los afectados dirigirán sus reclamaciones patrimoniales contra los controladores por vía penal, y contra “AENA y el Ministerio de Fomento, por vía administrativa porque también son responsables por los daños y perjuicios soportados por los más de 600.000 pasajeros atrapados en los aeropuertos de toda España”.
Más de 5.000 personas se han dirigido a la plataforma de afectados que ha promovido la adopción de medidas colectivas de reclamación judicial por daños y perjuicios en la que puede ser la indemnización patrimonial más numerosa de nuestra historia judicial reciente.
Para el equipo de letrados de Cremades & Calvo-Sotelo, el carácter público del servicio de los aeropuertos y de la navegación aérea española implica que "la responsabilidad patrimonial no puede acabarse en los controladores aéreos, que son meros empleados públicos", según ha puntualizado Manuel Iglesias, abogado del despacho y ex Magistrado del Tribunal Supremo.
La plataforma de afectados ha anunciado también que la primera actuación consistirá en "presentar una reclamación administrativa ante AENA por un importe de 10.000 euros por cada afectado en concepto de daños morales además del importe de otros daños económicos". Los abogados de Cremades & Calvo-Sotelo están elaborando una reclamación conjunta en nombre de cada uno de los afectados en la que fundamentará la excepcionalidad de la situación y la falta de precedentes que justifica la exigencia de una reclamación por daños morales de 10.000 euros.
El Portavoz de la Plataforma de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, Alfonso Fuertes, reclama a los órganos de gobierno de los jueces que "pongan a disposición de los Tribunales que instruyan este asunto medios materiales y personales extraordinarios que permitan resolver con celeridad y seguridad jurídica el caso".
Manuel Iglesias, Ex Magistrado del Tribunal Supremo y miembro del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que asesora a varios miles de afectados, confirma que "de no adoptarse alguna medida especial es posible que diferentes juzgados examinen los hechos ocurridos en cada aeropuerto de su demarcación territorial de forma paralela". Esta situación no parece la más conveniente para la solución del proceso por la posible disparidad de criterios y duplicidad de trabajos.
Por ello, los letrados que asesoran a los grupos de afectados demandantes no descartan "solicitar a los órganos de la justicia competentes la adopción de las medidas de racionalización y simplificación del trabajo". Esta medida, sin duda excepcional, ha sido ya adoptada en otras ocasiones.
Jurisprudencia
El abogado Luis Vericat recuerda que el Tribunal Supremo ha señalado para los casos de retraso de un transporte aéreo que si bien no pueden derivarse daños morales de las situaciones de mera molestia, aburrimiento, enojo o enfado, "sí admite que puedan ser indemnizables como daño moral aquellas situaciones en que se produce una aflicción o perturbación de alguna entidad como consecuencia de las horas de tensión, incomodidad y molestia producidas por una demora importante de un vuelo que carece de justificación alguna". Es evidente que tanto las excepcionales circunstancias de un estado de alarma como la diferencia entre una mera cancelación o retraso y el bloqueo del espacio aéreo español, que cercena la libertad de transporte aéreo, es fundamento suficiente para la reclamación de 10.000 euros por afectado.
Además, el equipo de abogados de la Plataforma de Afectados ha anunciado que se personarán como acusación particular, en el caso de confirmarse que la Fiscalía General del Estado va a iniciar un procedimiento penal, de lo contrario, valorarán presentar su propia querella. Una de las afectadas, por el cierre del espacio aeroportuario, y Presidenta de la Plataforma, Elena Fuente Juárez señaló que "hay indicios de que esta situación podría haberse evitado y ha llegado el momento de las indemnizaciones".
