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Según el Ejecutivo, las reformas legales de los últimos 15 años de protección a la mujer son “un referente internacional”

25 de Noviembre de 2019

El Ejecutivo aprobó el pasado viernes una declaración institucional en la que deja claro que violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino. Dicha declaración ha sido suscrita con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy, 25 de noviembre.

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En el texto el Gobierno ratifica su "decidido compromiso de seguir dedicando todos sus esfuerzos a combatir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, su solidaridad con las víctimas y su condena más rotunda hacia las actitudes y actos de violencia hacia las mujeres por motivos de sexo o razones de género, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres".

LO 1/2004, "una respuesta legal global"

La declaración recuerda asimismo que en diciembre de este año se cumplirán 15 años de la aprobación, por unanimidad por el Congreso de los Diputados, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, "que representa un hito en las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres. Una ley pionera en el mundo que ha convertido a España en un referente a nivel internacional". Así, añade que "por primera vez, un instrumento normativo aborda la violencia de género de un modo integral y multidisciplinar abarcando tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas, incluyendo la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, como la respuesta punitiva ante las manifestaciones de violencia".

Además, la citada ley orgánica proporciona una "respuesta legal global que abarca tanto las normas procesales, mediante la creación de nuevas instancias como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, como las normas sustantivas penales y civiles, incluyendo aspectos relativos a la formación de los todos los agentes, sanitarios, policiales y jurídicos, encargados de atender y proteger a las víctimas".

Además, en estos tres lustros transcurridos desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, esta ha experimentado cuatro modificaciones: en materia de pensiones de orfandad; para garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas; para incrementar la protección de los hijos e hijas menores de edad y menores sujetos de tutela o guarda de las víctimas de violencia de género; y la más reciente, en 2018, para incorporar algunas de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 y en el Convenio de Estambul.

Ley Orgánica 5/2018 y Ley 3/2019

Más cerca en el tiempo y con el fin de "seguir avanzando en el cumplimiento del Pacto de Estado", se han aprobado normas importantes como "la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género que aborda aspectos relacionados con la formación especializada de las Carreras Judicial y Fiscal y la introducción de pruebas de especialización para acceder a los órganos judiciales especializados".

Por último, en 2019, la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, establece la "prestación de orfandad" para las hijas e hijos de mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer en aquellos casos en que la madre no hubiera cotizado previamente o no hubiera cotizado el tiempo mínimo para generar el derecho a la pensión de orfandad; al tiempo que mejora el régimen jurídico de la pensión de orfandad cuando el fallecimiento se haya producido como consecuencia de violencia contra la mujer. Además, se ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que permite avanzar en la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral mediante la implantación de medidas para evitar el acoso sexual y por razón de sexo.

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