Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros). La cuantía mínima para recurrir en casación en civil y contencioso-administrativo pasa de 150.000 a 800.000 euros.
Luz verde al Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, destinado a agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos. El lado bueno es que innegablemente se descargará a los tribunales y se potenciará el trabajo de negociación en los despachos, el lado malo es que se eleva la cuantía para el acceso a la Administración de Justicia.
El Proyecto introduce reformas orientadas a la simplificación y supresión de trámites y, también, a impedir la dilaciones en el proceso y limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios.
Las medidas tienen como objetivo principal acelerar las respuestas de juzgados y tribunales.
Al tratarse de una reforma procesal que afecta a dos órdenes jurisdiccionales de enorme trascendencia para la actividad económica, el Gobierno planea que los efectos de las reformas podrán notarse en el sistema económico, "con especiales beneficios para los consumidores, las pequeñas y medianas empresas, así como para la competencia en el mercado".
Orden jurisdiccional civil
En el proceso monitorio (procedimiento para reclamaciones de deuda acreditadas documentalmente) se suprime el límite máximo de 250.000 euros y se equipara así al sistema monitorio europeo. De esta manera se amplía el uso de un instrumento procesal más ágil que ha demostrado su eficacia en las reclamaciones de deuda en un momento de crisis como el actual.
En cuanto a los recursos, se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales de reclamación de cantidad (hasta 6.000 euros), de modo que la sentencia de primera instancia devendrá firme. Con ello se salvaguarda el derecho de acceso al juez al tiempo que se limita el uso innecesario de instancias judiciales y evita que los litigios se mantengan abiertos durante años.
También se elimina el trámite de anuncio y preparación de recursos, de forma que los mismos se anuncian y formalizan en un solo escrito, lo que reducirá los tiempos y evitará dilaciones por exceso de trámites.
En cuanto al recurso de casación, se refuerza el rol del Tribunal Supremo mediante la actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso-administrativo y civil, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.
En relación con los procesos especiales para la tutela del crédito, se incorpora el renting (alquiler a largo plazo con derecho a compra) al régimen procesal especial, que ya estaba previsto para la protección de contratos similares como el leasing, en cuanto a la recuperación de los bienes entregados en arrendamiento.
Contencioso administrativo
Se incorporan determinadas modificaciones que implican una racionalización técnica, como la supresión de trámites en la fase probatoria, la eventual supresión de la vista cuando las partes están de acuerdo, o un más clarificado régimen de las medidas cautelares más urgentes.
También se elevan los límites cuantitativos, tanto del recurso de apelación como del de casación, pasando este último de 150.000 a 800.000 euros, incorporándose además, de una forma más clara, el interés casacional como mecanismo de inadmisión de los recursos.
En este caso la agilización se consigue por dos vías:
- Dotando de firmeza a las resoluciones en plazos más breves y, en segundo lugar, descargando a los órganos de apelación y casación de un importante volumen de asuntos, lo cual les permitirá desarrollar con mayor rapidez el resto de sus funciones.
- En materia de costas procesales para los procesos de única o primera instancia se incorpora el criterio del vencimiento, con la posibilidad de que el órgano judicial pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición.
Proceso penal
La reforma incorpora determinados preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regulan la intervención de las personas jurídicas en el proceso en calidad de imputadas, consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 5/2010, que introdujo un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
