Luis Romero y Asociados – Abogados Penalistas, está redactando por encargo de un grupo de controladores aéreos de Andalucía, un dictamen jurídico respecto a los presuntos delitos que podrían haber cometido los miembros del Gobierno y del Gabinete de Crisis al decretar el Estado de Alarma y su prórroga, así como la militarización de los controladores aéreos. Se trata de dilucidar si los responsables políticos podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, amenazas, coacciones y/o contra los derechos cívicos, al adoptar las referidas medidas excepcionales.
Aunque se ha querido dar una apariencia de legalidad a tales decisiones, se ha podido vulnerar la Constitución Española para solucionar un problema laboral, cuando, por el contrario, en casos aún más graves, como la huelga de transportistas a nivel nacional o la de los trabajadores del Metro de Madrid, con la actuación de piquetes ilegales, no se tomó ninguna medida similar.
Por todo ello, se van a analizar cada una de las actuaciones del Gobierno en este caso, incluso los actos preparatorios de los presuntos ilícitos penales, como podría ser la publicación del Decreto justo el día que comienza el puente. Resultando igualmente llamativo el anuncio por parte del Fiscal General del Estado de que los controladores habían cometido un delito de sedición por el que les iban a solicitar ocho años de prisión y el embargo de todos sus bienes, cuando en el peor de los casos, se trataría de un abandono de sus funciones, que no creemos tampoco que se haya producido. Siendo bastante graves dichas manifestaciones públicas, teniéndose en cuenta que el Fiscal General recibe órdenes del Gobierno.
