Una durísima resolución del Parlamento europeo cuestiona el deficiente uso de la contratación pública para favorecer la competitividad económica y la innovación
La reciente y durísima resolución del Parlamento europeo criticando el lento avance de los Estados en materia de contratación pública y la persistencia en general de fórmulas de licitación ancladas en el pasado y que no favorecen la competitividad económica y el estímulo innovador ha causado una lógica preocupación en los Estados de la Unión Europea. La realidad es que la contratación pública representa alrededor del 14% del PIB de la UE, pero ese importante presupuesto no se está utilizando como debía, razón por la que el legislador comunitario pide a las más de 250.000 administraciones públicas licitadoras de la Unión que rectifiquen el rumbo actual de la contratación pública. Estas son las cinco lecciones que de su resolución que ninguna administración europea debería permitir ignorar.
1. Contratación innovadora. Los Estados deben apostar por el uso generalizado de la contratación innovadora, convirtiendo la licitación pública en un instrumento al servicio de la estrategia de desarrollo sostenible, competitivo e innovador, tanto a nivel estatal, como regional y local. La celebración de diecisiete procedimientos de asociación para la innovación es un comienzo, pero solo eso, y tiene que ser un camino mucho más transitado en el futuro. La relación con el mercado y las consultas previas deben ser promovidas como buenas prácticas en la contratación.
2. Criterios de calidad. Es preciso apostar por la utilización de los criterios de calidad en la contratación pública, evitando el uso exclusivo del precio más bajo como principal criterio de adjudicación e integrando la innovación, sostenibilidad e integración social en los requisitos de evaluación.
3. Participación de las pymes. Las administraciones públicas deben favorecen la participación de las pymes, evitando que las condiciones de la licitación supongan una carga excesiva, aplicando la división por lotes siempre que sea posible, justificando muy bien por qué no es posible, incorporándolas en la consulta al mercado y evitando la adjudicación solo por precio.
4. Compliance. Es necesario que los Estados garanticen que los contratistas y subcontratistas cumplan plenamente las disposiciones jurídicas medioambientales, sociales y laborales de aplicación en su entorno, no solo en el que tienen su sede, sino en donde ejecuten las obras, presten los servicios o produzcan o suministren los productos. En particular, se hace imprescindible una contratación pública socialmente responsable que tenga en cuenta las cadenas de suministro, garantizando el cumplimiento de condiciones de trabajo que respeten los derechos humanos.
5. Profesionalización de los responsables de compra pública. Last, but not least, es fundamental mejorar las competencias digitales de todos los funcionarios que intervienen en las distintas fases del proceso de contratación pública, formándolos igualmente en las nuevas fórmulas de contratación innovadora y en las nuevas orientaciones y estrategias comunitarias.
