Las entidades financieras han ido por delante de los partidos políticos a la hora de tomar una decisión que ponga freno a la dramática escalada de desahucios de los últimos meses y mientras Gobierno y PSOE acercaban posturas pero sin más acuerdo que el relativo a la propia necesidad de alcanzar un acuerdo cuanto antes, los bancos paralizaban los desahucios durante dos años y las cajas suspendían las ejecuciones hasta que se alcanzara un acuerdo por los negociadores.
Las negociaciones iniciadas en la tarde de este lunes entre el Gobierno y el principal partido de la oposición finalizaron después de casi seis horas sin que se alcanzara un acuerdo, aunque desde el Ejecutivo se afirma que se han producido "avances importantes" y el PSOE cree que habrá acuerdo para el jueves.
La propuesta inicial del equipo de trabajo del Ejecutivo, coordinado por Miguel Temboury, subsecretario Subsecretario de Economía y Competitividad, era aprobar un periodo de carencia para aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria, "mejorando" el punto de partida del Ejecutivo de hace diez días, que solo barajaba una ampliación del ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo sin contemplar cambios legales.
Por su parte, el equipo técnico del PSOE, encabezado por su secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez Piñero, quiere que el acuerdo se acerque al contenido de su Proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia, publicada el 31 de octubre en el Boletín Oficial del Congreso, que supera a la propuesta popular y persigue según su Exposición de Motivos ,"resolver de una manera integral la situación", equilibrando la posición del deudor con la del acreedor hipotecario mediante la adopción de diversas medidas, destacando:
- que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.
- Limitación de los intereses de demora -que no podrán ser superiores en más de 2 puntos al interés remuneratorio- que no podrá ser superada ni aun por pacto expreso entre acreedor y deudor, limitando en este aspecto la libertad de pacto consagrada por el artículo 1.255 del Código Civil.
- Paralización de devengo de intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento si se trata de la ejecución de vivienda habitual;
- Imposibilidad de ceder la adjudicación a un tercero excepto en el caso del ejecutante y, en este último supuesto, estableciendo el derecho del deudor a percibir parte de la diferencia de precio si dicha cesión se realizara por cantidad superior a aquella por la que se remató la subasta
- Flexibilización de los umbrales y requisitos para la aplicación del Código de Buenas Prácticas.
Para lograrlo, la proposición de ley contempla -algo que choca con la postura de las entidades finacieras y frente a lo que se muestra reticente el Gobierno- la modificación de las siguientes normas:
- Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946
- Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario
- Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
- Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero de 2000
- Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos
El ejecutivo y el PSOE retomarán hoy martes las negociaciones, con la intención de alcanzar un acuerdo que permita que el Consejo de Ministros de este jueves -adelantado al viernes habitual por celebrarse la Cumbre Iberoamericana en Cádiz- aprobar un decreto-ley con medidas para paliar la grave situación actual derivada de las ejecuciones hipotecarias; la distancia entre los puntos de partida y la urgencia de la situación parecen apuntar a que se puede alcanzar un acuerdo inicial que permita incrementar el número "beneficiarios" del Código de Buenas Prácticas, y que se adopten medidas de mayor calado con posterioridad.
La entidades financieras paralizan o suspenden los desahucios
Antes de la reunión de La Moncloa, la Asociación Española de Banca (AEB) -que agrupa a entidades como el Santander, BBVA, Banesto, Popular, Sabadell, Bankinter, o Barclays anunciaba en un comunicdo "…el compromiso de las entidades miembros de la AEB, por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social, de paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad"
Por su parte, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) anunciaba su decisión de suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades.
Pese a lo positivo de este paso, ambos comunicados adolecen de la concreción o definición de esas "circunstancias de extrema necesidad" o de esos "colectivos especialmente vulnerables" que permitan conocer cuál es el alcance de la medida.
