- Los filtros de admisibilidad del Recurso Especial en Materia de Contratación. Parte 1.
En contratación pública hay una escena que se repite más de lo que nos gustaría. Se interpone un recurso trabajado, se invocan principios, se discuten pliegos, criterios de adjudicación o exclusiones y, sin embargo, el tribunal ni siquiera llega a pronunciarse sobre la cuestión de fondo. A primera vista, puede dar la impresión de que se trata de un exceso de formalismo. Pero, si se mira con algo más de calma, casi siempre la explicación es otra: el problema no estaba en el fondo, sino en algo previo.
Ese “algo previo” es la admisibilidad. Y precisamente ahí se encuentra, a mi juicio, uno de los errores más frecuentes en la práctica del recurso especial en materia de contratación: ir directamente a discutir si el órgano de contratación actuó bien o mal sin haber comprobado antes si el recurso podía siquiera ser analizado en esa vía y en ese momento. La cuestión no es menor. De hecho, las estadísticas más recientes disponibles muestran que una parte muy relevante de los recursos especiales no termina con un pronunciamiento de fondo, sino que un 30% finaliza por inadmisión[1], lo que ya da una pista bastante clara de hasta qué punto los filtros procesales condicionan el sistema.
La tentación de saltarse ese primer examen es comprensible. El licitador suele concentrarse en la infracción material que considera más evidente: una adjudicación mal motivada, una exclusión que entiende injusta, una fórmula defectuosa o una valoración técnica discutible. Y el órgano de contratación, cuando contesta, también tiende a defender la corrección de su actuación en esos mismos términos. Pero el orden lógico del recurso especial no es ese. Antes de entrar a valorar si la decisión impugnada es correcta o no, hay que hacerse unas cuantas preguntas mucho más básicas: si el acto es recurrible, si el recurso está en plazo, si quien recurre está legitimado, si tiene además un interés útil y si el objeto del recurso sigue vivo.
Puede parecer una secuencia elemental, pero no lo es tanto en la práctica. Basta detenerse en la legitimación para comprobarlo. Con cierta frecuencia se confunde el interés en la legalidad con el interés legítimo exigible para recurrir. Y no es lo mismo. El recurso especial no es una acción pública. No basta con pensar que el órgano de contratación ha actuado incorrectamente ni con señalar, en abstracto, una posible infracción de los pliegos o de la ley. Hay que poder explicar qué beneficio jurídico real se obtiene si el recurso prospera. Esa idea aparece con claridad en la
Doctrina[2] del TACRC cuando inadmite recursos interpuestos por operadores que no participaron en la licitación y no acreditan una ventaja concreta derivada de la eventual estimación del recurso.
Algo parecido ocurre con el acto recurrido. En no pocas ocasiones se intenta recurrir demasiado pronto, proyectando sobre simples actuaciones de trámite una carga decisoria que todavía no tienen. El ejemplo clásico es la propuesta de adjudicación[3]. La práctica demuestra que muchos operadores la viven como si fuera ya la adjudicación misma, pero jurídicamente no es así. Mientras no exista una decisión que produzca por sí misma un efecto decisorio relevante, el recurso especial puede tropezar con el primer filtro y quedarse fuera antes siquiera de plantear el debate material.
El plazo es otro terreno especialmente resbaladizo. En contratación pública no basta con saber que existe un plazo; hay que saber exactamente desde cuándo empieza a contarse y si una incidencia posterior afecta o no al dies a quo. En la práctica, uno de los errores más comunes consiste en pensar que cualquier rectificación o modificación posterior reabre automáticamente el plazo para recurrir todo el expediente o cualquier cláusula del pliego. No es así. Si la corrección no afecta al concreto motivo de impugnación, el plazo no se reinicia y el recurso puede convertirse en extemporáneo[4] sin que quien lo interpone llegue a advertirlo a tiempo.
A ello se suma un elemento que, quizá por menos intuitivo, suele recibir menos atención de la que merece: la utilidad real del recurso. No basta con tener toda la razón; hace falta que el pronunciamiento pueda producir un efecto útil para el recurrente. Si durante la tramitación del recurso se corrigen los pliegos en el sentido pretendido por el recurrente, si desaparece el acto impugnado o si la pretensión ha quedado satisfecha por otra vía, el recurso puede perder objeto. Y cuando eso sucede[5], el tribunal ya no tiene por qué entrar a resolver el fondo, por más interesante que pudiera ser la discusión jurídica sobre el fondo.
Desde un punto de vista práctico, quizá la enseñanza más sencilla —y también la más rentable— sea esta: antes de redactar un recurso o antes de informar sobre él, conviene detenerse unos minutos y hacer un test previo de admisibilidad. ¿Hay acto recurrible? ¿Está en plazo? ¿Existe legitimación? ¿Se obtiene un beneficio útil? ¿Sigue existiendo objeto? Este pequeño ejercicio, casi de higiene procesal, evita muchos errores y dolores de cabeza, obliga a ordenar el razonamiento antes de lanzarse a la batalla del fondo en cuestión.
A veces se presenta la admisibilidad como si fuera simplemente una cuestión formalista, una molestia previa antes de llegar a lo importante. Creo, sin embargo, que esa forma de verlo es engañosa. Los filtros de admisibilidad no están para vaciar de contenido el recurso especial, sino para darle sentido. Delimitan cuándo la revisión especializada procede y cuándo no, evitan convertir el recurso en una especie de control abstracto de legalidad y obligan a mantenerlo conectado con su verdadera función de tutela de posiciones jurídicas concretas dentro del procedimiento de contratación.
En definitiva, muchas veces pensamos que el gran problema del recurso especial está en la valoración de la oferta, en el diseño del criterio o en la motivación de la adjudicación, y seguro que es lo que motiva la presentación del recurso. Y, sin embargo, una parte importante de los recursos se cae mucho antes, en un plano menos visible pero decisivo, se inadmiten a trámite.
Por eso conviene no olvidarlo. En contratación pública, antes de tener razón en el fondo, hay que estar en condiciones de discutirlo. Nadie debe entablar y currarse un recurso en el que tiene toda la razón del mundo, si no está en condiciones de poder recurrirlo, ya que entonces no habría procedido recurrir. Esto nos recuerda que como dijo Peter Drucker: “No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto.”
[1] OIReScon, Informe Anual de Supervisión 2025, Módulo IX: “Los órganos de control en materia de contratación pública: el recurso especial”.
[2] TACRC, Resolución n.º 1230/2025, Recurso n.º 1122/2025, de 11 de septiembre de 2025
[3] TACRC, Resolución n.º 1046/2022, Recurso n.º 931/2022, de 15 de septiembre de 2022
[4] TACRC, Resolución n.º 62/2025, de 23 de enero de 2025.
[5] TACRC, Resolución n.º 1409/2024, de 8 de noviembre de 2024
