- Será el primer ecosistema en Europa en comparecer ante un Tribunal
El Mar Menor se convertirá este miércoles en el primer ecosistema de Europa en comparecer ante un tribunal penal ejerciendo su propia personalidad jurídica como víctima y acusación particular.
Este hito judicial es posible en virtud de la Ley 19/2022, un marco normativo pionero que eleva la laguna salada a sujeto de derechos propios y capacidad jurídica para defenderse ante los tribunales.
En concreto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, acogerá el juicio contra un empresario agrícola acusado para quien la Fiscalía solicita 7 años de prisión por un presunto delito contra el medio ambiente.
El procesado se enfrenta a cargos por operar desaladoras clandestinas cuyos vertidos de salmueras y nitratos habrían contribuido al «deterioro irreversible y catastrófico» del ecosistema.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2015 y 2017.
Durante esos años, el acusado, en calidad de administrador de dos empresas mercantiles, explotaba unas 16 hectáreas en el Campo de Cartagena utilizando maquinaria de desalobración que carecía de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
La investigación liderada por el Seprona de la Guardia Civil y agentes medioambientales determinó que el rechazo de esas desaladoras, cargado de sustancias contaminantes, era vertido directamente en el subsuelo. Desde allí, el flujo de salmuera y nutrientes alcanzaba la laguna.
En total, se estima que se generó un rechazo de 162.345 metros cúbicos con una concentración de nitratos de 168 miligramos por litro, provocando un daño que los peritos calificaron de «sustancial» para los sistemas naturales.
En su escrito, el Ministerio Público sostiene que el procesado actuó con «plena conciencia» de la ilegalidad de su conducta y del riesgo que suponía para el equilibrio de los hábitats de la zona. El perjuicio económico causado al medio ambiente ha sido valorado en 506.137,44 euros.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía interesa imponer el acusado una multa de 30 meses con una cuota diaria de 10 euros; la inhabilitación especial por un periodo de 4 años para ejercer como administrador o gerente de empresas del sector agrícola y una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado por los daños ocasionados al dominio público.
