- Abogacía Española, a través del Colegio de la Abogacía de Salamanca, ha hecho público un comunicado en el que respalda a las alumnas
Abogacía Española, a través del Colegio de la Abogacía de Salamanca, ha conocido este martes la denuncia presentada por varias alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca contra un profesor vinculado a la actividad docente, a quien atribuyen presuntos hechos de acoso.
La institución, en consecuencia, ha hecho público un comunicado en el que muestra su apoyo a las posibles víctimas y reclama que los hechos se investiguen y se esclarezcan de forma urgente, en todo caso con «respeto a la presunción de inocencia» y mediante los cauces previstos en sus protocolos internos frente al acoso sexual y discriminatorio.
En su nota oficial, el Colegio de la Abogacía de Salamanca detalla que la comunicación interna se recibió a través de los canales colegiales. El CGAE asegura que ya se han activado los mecanismos previstos en el protocolo de prevención y actuación frente al acoso, y recuerda que cualquier actuación disciplinaria se llevará a cabo conforme a la normativa deontológica de la abogacía, a la normativa universitaria aplicable y a la legislación vigente en materia de igualdad y protección de las víctimas.
Comunicado
El comunicado institucional incide en que la Abogacía Española mantiene una política de tolerancia cero frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo y a cualquier conducta discriminatoria en el ámbito formativo y profesional, e insta a que se garantice la seguridad y el acompañamiento de las alumnas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura que han denunciado los hecho.
Asimismo, la institución colegial señala que el caso de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca refuerza la necesidad de reforzar las acciones de formación específica en materia de igualdad, prevención del acoso y cumplimiento de los códigos éticos en todos los programas de prácticas y másteres profesionales, y anima a que tanto el profesorado como el alumnado colaboren con las investigaciones internas, aporten la información de que dispongan y contribuyan a que se depuren responsabilidades si se confirma la existencia de conductas contrarias a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas.
