- Abogados, fiscales y jueces se sienten inmersos en el reto de la supervivencia profesional en un escenario jurídico denso, enredado y cuajado de inseguridades, más allá de lo tolerable
- La responsabilidad de conocer las normas lleva a una actitud de estudio, actualización y pesquisa de la norma, pero, como es sabido, no basta saber leyes para saber Derecho
Este artículo ha sido publicada en el número 1032 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrarte una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.
Tras el período vacacional sorprende que, en el ámbito forense y sus pasillos, impere un contexto jurídico donde se respira un mayoritario y cansino desencanto. Abogados, fiscales y jueces se sienten inmersos en el reto de la supervivencia profesional en un escenario jurídico denso, enredado y cuajado de inseguridades, más allá de lo tolerable.
Las madres de todos los conflictos
En una visión impresionista y de trazo grueso, podemos identificar como principales situaciones que actualmente generan serias turbulencias jurídicas, las siguientes: la insuficiencia de viviendas, la migración y la inteligencia artificial.
El jurista conoce el marco constitucional de decisión del legislador para solucionarlo, si quiere y sabe cómo hacerlo. Pero también se percata de la distinta perspectiva de ataque, pues simplificando, la vivienda es un problema estatal; la migración se padece como rompecabezas europeo, y la inteligencia artificial se ha convertido en un quebradero global.
En efecto, la vivienda es un problema del Estado-comunidad, en el sentido de que el Estado, la Comunidad Autónoma y los entes locales tienen que solventarlo en uso de sus respectivas competencias (civiles, ordenación del territorio o urbanísticas); la migración es un problema europeo, pues las fronteras compartidas por el espacio Schengen y la necesidad de mano de obra requieren solución armonizada; y la inteligencia artificial es un problema planetario, ya que las herramientas digitales tienden a ráfagas indiscriminadas e incontroladas, sin respetar los límites de los ordenamientos jurídicos internos ni internacionales.
Cada uno de esos bloques de problemas, tanto si no se regulan, como si se hace mal o tarde, genera distorsiones en la sociedad, economía y mercados, y con ello, afloran infinidad de problemas jurídicos. La escasez de viviendas provocará conflictos preferentemente civiles sobre propiedad, uso y débitos, etcétera; la migración trae consigo conflictos administrativos sobre autorizaciones y/o expulsiones o regularizaciones; y la inteligencia artificial irrumpe de forma salvaje en forma de cambio de lenguaje jurídico y tiempos de respuesta procesal, además de encerrar serios peligros para la privacidad o propiedad intelectual, responsabilidades civiles y penales, entre otros.
La actitud del jurista en el tumulto
El problema radica en la enorme dificultad política para alcanzar acuerdos políticos en esos tres planos (estatal, europeo y global), lo que empujará a conflictos reales que deberán lidiar letrados y jueces, usando esas armas del Derecho que sirven cuando el legislador está paralizado o actúa con torpeza.
Aquí se plantea la responsabilidad del jurista para mantener serenidad en el tumulto, en doble sentido. La responsabilidad para conocer las normas (muchas, concurrentes y deficientes) y la responsabilidad para interpretarlas en clave ética y de valores.
La responsabilidad de conocer las normas lleva a una actitud de estudio, actualización y pesquisa de la norma, pero como es sabido, no basta saber leyes para saber Derecho. No hay nada más triste que el jurista que sólo habla de Derecho, en todo tiempo y lugar, y que cree tener la vacuna jurídica para todo, lo que no solo demuestra falta de empatía, sino también estrechez de miras. Se atribuye al escritor y filósofo Miguel de Unamuno (1864-1936) la frase desdeñosa hacia un petulante: «Lo sabe todo, absolutamente todo. Figúrense lo tonto que es»; en la misma línea, el dramaturgo Bernard Shaw (1856-1950), refiriéndose a otro vanidoso, dijo: «No sabe nada y cree saberlo todo, eso claramente apunta a una carrera en política».
El Derecho es algo más que lo que demuestra un papagayo o un letrado que solo sabe de letras y códigos al dedillo, o buscar respuestas ajenas en computadoras. El buen letrado tiene que saber interpretar las normas (o su ausencia, ambigüedad o contradicción), en clave ética y de valores. Advirtamos que tampoco debe primar alegremente los valores o principios de su gusto, sobre la ley que considera injusta, desfasada o mejorable. Lo que se espera de un jurista actual inmerso en un Estado de Derecho es que use los valores y principios constitucionalizados como parámetro, contexto o criterio de interpretación del resto del ordenamiento jurídico. Y, con ello, considerar el estándar ético alzado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
En suma, el jurista es hombre de ciencia, pero también de conciencia, palabras afines a «decencia», lo que nos revela el trío de cualidades que deben adornar al jurista excepcional.
La hora de la responsabilidad
Es propio de la alta responsabilidad del abogado suministrar en la negociación a la contraparte, o en el conflicto al juez, una buena argumentación anclada en valores constitucionales que sostenga su interpretación de las posibles normas aplicables. De igual modo, al juez le corresponderá ponderar los valores concurrentes para decidir allí donde la norma no tiene la respuesta tasada. Nada fácil en tiempos en que: (i) abundan los «casos difíciles» (los que admiten múltiples resoluciones, y todas aceptables); (ii) en que existe presión de la «conciencia jurídica gregaria» (alimentada mediáticamente en relación con grupos de intereses no siempre transparentes ni legítimos); (iii) en que el abuso de la inteligencia artificial sobrecarga cualquier litigio con datos hasta el infinito y más allá.
En clave mítica de gran actualidad cinematográfica, el abogado es libre de actuar cual valiente Aquiles en defensa de su cliente, y luchar judicialmente con pasión implacable, apurando dentro de lo razonable la interpretación y estrategia procesal. En cambio, el juez debe considerarse como un mítico Odiseo atado al mástil del barco de la legalidad para no escuchar los fatales cantos de las sirenas de los medios de comunicación, voceadores, agitadores o doctrinarios de todo pelaje, con siembra de posverdades.
No será fácil superar este cabo de las tormentas en que se convierten los casos difíciles para letrados y jueces, pero solo actuando todos los actores del teatro jurisdiccional en clave de valores puede llevarse el mensaje al ciudadano de hoy día, atribulado por un conflicto jurídico, de que «¡Hay jueces en Berlín!», frase que refleja la consagración a mediados del siglo XVIII del respeto unánime a la resolución por la justicia togada de la agria disputa judicial entre Federico II El Grande y un humilde campesino por causa del molino que aquél quería arrebatar a éste, comprárselo o derribarlo.
