Roger Canals Vaquer es responsable del Área de Contratación Pública en ARCO, Abogados y Asesores Tributarios y profesor asociado de Derecho internacional privado de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Roger fue reconocido en 2023 en el área de Litigación por Best Lawyers. El pasado 17 de noviembre moderó la mesa de Empresas Licitadoras, en el marco del Congreso Aranzadi de Abogados in house.
- ¿Qué aporta un gran despacho a la labor de los abogados in house de las empresas?
Las firmas multidisciplinares integradas por diferentes equipos organizados en áreas de especialización pueden ofrecer apoyo en aquellos asuntos que no le es posible abordar al abogado in house, normalmente con conocimientos más globales y que, inmerso en atender los asuntos de la actividad diaria de las empresas, podría verse desbordado a la hora de resolver asuntos en los que no haya adquirido previamente cierta expertise. Con la colaboración de los abogados externos, no sólo va a poder solucionar las cuestiones que requieren una respuesta con mayor celeridad y profundidad, sino que también va a poder adquirir conocimientos que le serán de gran utilidad en casos futuros.
- ¿Qué retos os plantean los abogados de empresa a los abogados de los despachos? ¿en que áreas sois más demandados: procesales, asesoramiento, derivación de algún supuesto concreto…?
Nuestra experiencia es que los abogados de empresa esperan de nosotros que estemos disponibles para atenderles y comentar los asuntos como si fuéramos un miembro más de su equipo. Nos requieren inmediatez en nuestra respuesta, que seamos precisos en nuestras opiniones jurídicas y demos una solución o estrategia clara respecto al problema que nos plantean. Asimismo, vemos cómo en un marco regulatorio cada vez más creciente y complejo, las empresas necesitan que nos anticipemos a las consecuencias y cómo les afectan los cambios legislativos, de tal forma que las adaptaciones a dichos cambios puedan hacerse con antelación y bien planificadas. Y, en este último aspecto, nos damos cuenta de que los abogados in house valoran especialmente que los mecanismos de adaptación a las nuevas normativas, así como los costes que ello pueda conllevar, sean proporcionados a su volumen y organización interna. Las áreas en las que somos más demandados es la del Derecho fiscal y tributario, de notable complejidad y cambios legislativos constantes, en el ámbito de la litigación pública y privada, así como en operaciones societarias y de M&A.
- ¿Cuál es el principal reto del futuro en el asesoramiento de empresas? ¿y el mayor handicap?
El principal reto que nos planteamos es tener el conocimiento del sector y de la actividad de nuestro cliente a un alto nivel, de tal forma que el asesoramiento del abogado sirva para desarrollar el negocio y transmitir a la empresa la seguridad de que está operando en un marco jurídico seguro. Cómo hándicap podríamos destacar que aún nos encontramos con clientes que son reticentes o demoran la adaptación a nuevos marcos normativos que, si bien en un principio se introducen como recomendaciones, la tendencia es que se acaben integrando como obligatorios. Ello puede conllevar mayores esfuerzos de las asesorías jurídicas externas para adaptar a las empresas a los cambios de forma inmediata, debiéndose adaptar a que las empresas procurarán acotar todo lo posible los costes de asesoramiento externo, lo que puede suponer un problema para las firmas legales. En esta tesitura, es preciso que las firmas innoven, sean creativas e inviertan en innovación tecnológica para seguir manteniéndose competitivas.
- De la mesa de Empresas Licitadoras que moderó en el marco del Congreso Aranzadi de abogados in house, ¿qué tema destacaría como el más relevante de los que se trataron?
Unos de los puntos tratados en la mesa Empresas Licitadoras que cabe destacar por su especial relevancia, es la opinión generalizada de todos los ponentes participantes respecto de la conveniencia de adaptar la vigente Ley de Contratos del Sector Público para establecer un procedimiento destinado al restablecimiento del equilibrio económico de los contratos públicos, en supuestos estrictamente justificados, más allá del ámbito de las concesiones. Resulta cuanto menos revelador de dos circunstancias. La primera, la existencia real y actual de un problema para mantener el equilibrio económico-financiero en determinados los contratos del sector público -esencialmente, servicios y obras-, afectados por alteraciones de mercado inicialmente imprevisibles, y que conllevan la “ruptura sustancial de la economía del contrato”; y la segunda, que nos encontramos ante una problemática a la postre, de difícil tratamiento y encaje a la luz de la actual Ley de Contratos del Sector Público.
Aunque en la mesa moderada por ARCO ABOGADOS se abordaron múltiples temas de actualidad en materia de contratación pública, quizás el asunto de mayor trascendencia práctica fue la posibilidad de aprobar modificados de contratos públicos que tengan por objeto la única variación del precio (y no de sus prestaciones), como mecanismo de reequilibrio de contratos en situación de desequilibrio o excesiva onerosidad por situaciones de riesgo imprevisible. El posicionamiento de los ponentes al respecto reflejó el carácter altamente controvertido de la cuestión, suscitándose opiniones a favor y en contra de tal posibilidad.
