- Justicia 2030’ es un plan de evolución y no de revolución, con tres grandes pilares para abordar la modernización de la Justicia: el normativo, el organizativo y el tecnológico.
- Hace falta una nueva manera de organizarse, y la ley de eficiencia organizativa lo posibilita porque es un modelo flexible
- Optar por los medios adecuados de solución de controversias es optar por un camino de cohesión social
- El siglo XXI es el de las mujeres, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos la obligación de favorecer, de potenciar, que esa realidad se alcance antes que después
- Los jueces no son lentos, el problema es que el sistema no favorece la complejidad del pleito
- La Ley de Enjuiciamiento Criminal le da el rol constitucional al juez y al fiscal, pero tenemos más juez que nunca
Desde su nombramiento en enero de 2020, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha marcado como objetivo emprender la modernización de la Justicia a través de importantes reformas legislativas, todas ellas enmarcadas en el Plan Justicia 2030. En esta entrevista concedida en exclusiva a Thomson Reuters en el marco del encuentro Diálogos con el ministro de Justicia, el titular de la cartera de Justicia ofrece las últimas novedades sobre el estatus de la hoja de ruta de algunas de estas reformas, como el Anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal, la ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras muchas cuestiones de actualidad.
La crisis sanitaria ha impulsado a la Justicia a cambios y retos tecnológicos. ¿Estamos preparados para adoptar las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia? ¿Cuáles son los tres grandes males que aquejan a la Justicia como servicio público?
Algo que es absolutamente necesario en nuestra estrategia de país es la modernización de la Justicia. Es necesaria la adecuación de nuestro servicio público de Justicia a la modernidad, aunque yo prefiero llamarla eficiencia. Ese es el leitmotiv que hemos tenido desde el primer día que llegué al Ministerio. El 17 de febrero de 2020 presenté en la Comisión de Justicia, qué es lo que debíamos hacer con Justicia 2030, que es cómo denominamos este proceso de modernización. Llevé una “caja vacía” que había, y hay, que llenar entre todos, desde el consenso. Nos pusimos a ello y en poco más de un mes tuvimos la declaración del primer Estado de Alarma, que vino a cambiar nuestros planes, pero no nuestro destino. Entonces nos pusimos a trabajar de manera cohesionada con las CCAA, en lo que más tarde se ha conocido como cogobernanza. Llegó la desescalada, preparamos unas actuaciones que dieron lugar a la Ley 3 de 2020, que está plenamente en vigor, y que ya contó con un consenso enorme del arco parlamentario. Necesitábamos asentar un nuevo modelo de Justicia con tres ejes: las tres leyes de eficiencia. La de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia digital. Las dos primeras ya están en plena andadura y han pasado por el Consejo de Ministros. La digital, por su parte, está previsto que lo llevemos antes de verano. Esos tres pilares son sobre los que se va a asentar el nuevo edificio de la Justicia.
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