Con más de 20 años de experiencia en materia de Derecho Administrativo, con especial dedicación a los sectores de la energía, telecomunicaciones, minero y al medio ambiente, Ignacio Albendea Solís es especialista en contratación del sector público, procedimiento administrativo, urbanismo, simplificación administrativa y administración electrónica.
Ignacio es socio de Montero-Aramburu Abogados, firma que moderó la mesa de Servicios Financieros del Congreso Aranzadi de abogados in house, celebrado los pasados días 16 y 17 de noviembre en Madrid.
¿Qué aporta un gran despacho a la labor de los abogados in house de las empresas?
Mucho más que un asesoramiento jurídico recurrente, que viene a cubrir sus necesidades diarias. El valor añadido es el asesoramiento jurídico estratégico, orientando a las empresas a adaptarse a los cambios regulatorios, anticipándoles las prospectivas y proyecciones regulatorias a nivel global, europeo y nacional para la adopción de sus decisiones estratégicas y la aprobación de sus planes de negocio.
¿Qué retos os plantean los in house a los abogados de los despachos?, ¿en qué áreas sois más demandados?
Las grandes novedades y retos que nos plantean los abogados in house son los problemas de ciberseguridad y ciberdelincuencia, los de impacto reputacional, y los de sostenibilidad muy ligada al consumo.
¿Cuál es el principal reto del futuro en el asesoramiento de empresas?
Mantener el valor añadido de nuestro asesoramiento jurídico, que se vea imprescindible, con un seguimiento y acompañamiento a nuestros clientes que garantice un asesoramiento preventivo que, a su vez, se anticipe a los cambios económicos y regulatorios.
¿Y el mayor handicap?
Sin duda alguna, el impacto de la IA en nuestro trabajo, que nos obliga a diferenciarnos frente a los trabajos más repetitivos y recurrentes.
¿Cuál es el tema que le gustaría destacar de los que se han tratado en el Congreso? Y una razón.
En el ámbito de las telecomunicaciones y las TIC, sin lugar a duda el tsunami regulatorio para las compañías europeas o multinacionales, que les obliga a estructuras organizativas dedicadas exclusivamente a cumplimentar a los reguladores de cada Estado o región, lo que supone un gran nicho de trabajo para los despachos locales, puesto que para estas multinacionales es imposible dominar las regulaciones en las decenas de países en los que prestan sus servicios.
