Según el revelador informe, muchos países continúan atribuyéndose el derecho a matar a sus ciudadanos
En Europa, la pena de muerte es considerada una abominación por una amplia mayoría de la opinión pública, un triste recuerdo de épocas en que el Viejo Continente no afinaba por completo su escape definitivo de la barbarie. Sin embargo, por sorprendente que parezca, gran parte de la humanidad sigue viviendo en países que se atribuyen el derecho a matar a sus ciudadanos. Para que esto no se nos olvide, Amnistía Internacional ha hecho público un revelador informe en el cual señala que en 51 países distintos 1.252 personas fueron ejecutadas y otras 3.340 condenadas a la pena capital durante el año 2007.
A nadie sorprende que regímenes como China o Vietnam sean quienes encabezan la lista de Estados que admiten y ejecuten estas penas. A pesar de sus logros en el campo económico, estos Estados se muestran reacios a ceder terreno en ámbitos esenciales como el respeto inviolable a la vida humana. Nada menos que 470 ciudadanos chinos fueron ejecutados por este gobierno. La ONG internacional señala que las cifras no oficiales podrían ser mayores, ya que es muy difícil acceder a información fidedigna, ya que en China las penas de muerte reciben trato de secreto de Estado. Por su parte, Arabia Saudí, tiene el más alto índice de ejecuciones per cápita del mundo. En la potencia petrolífera, el adulterio o la "práctica de la hechicería" constituyen causas legítimas para que un ser humano pierda la vida en manos de las autoridades.
No obstante, sorprende que alguno de los casos más escandalosos provenga de la potencia líder de Occidente. En septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras negarse un juzgado estatal a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Sus abogados habían tenido un problema informático. En la sentencia Medellín v. Texas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a aceptar que los fallos de la Corte Internacional de Justicia vinculen directamente a los jueces estatales. Ello significó rehusar la concesión un recurso contra la condena a muerte que pesa sobre José Ernesto Medellín.