El Ministro de Justicia presenta la Red de Secretarios Judiciales en Cooperación Jurídica Internacional. Destaca que la RESEJ garantizará más libertad jurídica y reforzará los derechos de los ciudadanos en la UE.
El Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que la Red de Secretarios Judiciales para la Cooperación Internacional (RESEJ) “garantizará más libertad jurídica y reforzará los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea”, en la inauguración del seminario “La prueba en el proceso penal”, en el que estuvo acompañado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde–Pumpido.
La Red Judicial Europea fue creada en 1998, como el primer mecanismo práctico de cooperación judicial. Esta Red integra a los 27 Estados de la Unión, más los países candidatos y asociados, por lo que abarca a unos 510 millones de ciudadanos.
Por su parte, IberRed se creó en 2004 y, como ha explicado su Secretario General, durante su intervención, "el mundo necesita un sistema jurídico rápido, ágil y eficaz, sólido y seguro; y la IberRed está llamada a ser la herramienta más útil para facilitarlo en el ámbito iberoamericano y actuar coordinadamente con Europa". IberRed enlaza a las autoridades judiciales de los 23 países iberoamericanos y afecta a 571 millones de ciudadanos.
Tras la inauguración y presentación de la RESEJ tuvo lugar la firma de un ‘Memorándum de Entendimiento' entre IberRed (Red Iberoamericana de Cooperación jurídica Internacional) y la Red Judicial Europea, cuyo objetivo es la cooperación jurídica internacional entre sus miembros en la lucha contra el crimen trasnacional y la globalización del delito. El ‘Memorándum' fue firmado por la Secretaria General de la Red Judicial Europea, Fatima Martins, y el Secretario General de IberRed, Víctor Moreno.
El ‘Memorándum' se inscribe en línea directa con la idea de alianza bilateral privilegiada, que cuajó en la Declaración de Madrid del pasado 18 de mayo, fruto de la VI Cumbre entre la Unión Europea y Latinoamérica y Caribe, y facilitará una comunicación segura en el intercambio de información entre los miembros de ambas redes. Además, prevé la creación de grupos de trabajo con el objetivo de reducir las barreras jurídicas que dificulten la aplicación de la justicia, y fomentar igualmente el intercambio de información, experiencias y tecnología.
Ambas redes funcionan con un espíritu común y buscan puntos de contacto que faciliten la cooperación jurídica internacional entre los Estados participantes, puntos que se encuentran en cada una de las instituciones que forman parte de estos acuerdos como son los ministerios de Justicia, fiscalías y poder judicial o consejo de la judicatura allí donde exista. Con ambas Redes funcionando y habiendo demostrado ya el papel que pueden llegar a jugar en la agilización de la cooperación internacional, como es el caso de la coordinación internacional de acciones contra el crimen organizado, se propuso la firma de este ‘Memorándum', para formalizar lo que de manera informal, ya venía efectuándose como es la cooperación institucional y, otros asuntos en común, tanto europeos como iberoamericanos.
