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14/08/2022. 14:52:10

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El CGPJ toma conciencia de las mejoras que tiene que emprender

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Delimita tres áreas de actuación para mejorar su organización y funcionamiento internos.

Tras dar el Ministerio de Justicia pasos de gigante en informatización y racionalización del trabajo en las sedes judiciales, el órgano de Gobierno de los Jueces decide emprender un camino similar acentuando los asuntos organizativos.

Placa con el nombre CGPD

El Consejo General del Poder Judicial ha tomado de nuevo la iniciativa. Esta vez ha afrontado cuatro puntos importantes no sólo para los Jueces, ya que también afectan al Abogado:

  • El Consejo impulsa reformas procesales para la reducción de la litigiosidad

El Pleno del CGPJ ha aprobado el documento "Propuestas de reforma de las leyes procesales para la racionalización de la segunda instancia y de la casación".

Este documento va en la misma línea programática del Consejo de impulsar cuantas reformas legislativas sean necesarias para la reducción efectiva de la litigiosidad y, en consecuencia, estar en mejores condiciones de ofrecer una mejor tutela judicial efectiva a los derechos de los ciudadanos en unos plazos más razonables y optimizar mejor los recursos públicos. En este sentido, se propone la modificación al alza de las cuantías que permiten el acceso en vía de recurso tanto a la casación como a la segunda instancia.

Miguel Pascual del Riquelme, Decano de los Jueces de Murcia, ha comentado a Legal Today que "el acceso a la jurisdicción no puede ni puede ni debe ser ilimitado, porque no lo son los recursos ni las capacidades del sistema. Naturalmente, tales limitaciones deben establecerse de manera racional y sin merma de derechos de los justiciables. Han de encontrarse, sin complejos, mecanismos de reducción de la litigiosidad por la vía de la limitación del acceso a la jurisdicción y de la potenciación de mecanismos de resolución alternativa de conflictos".

  • Se aprueba una instrucción que delimita las facultades de dirección e inspección de Jueces y Secretarios Judiciales

El Pleno ha aprobado una instrucción relativa al ejercicio de las facultades de dirección e inspección de jueces y magistrados a que se refiere el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante la cual se pretende ofrecer pautas y criterios que, sin incidir en la función jurisdiccional, generen una mayor seguridad jurídica con ocasión de la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

La Instrucción diferencia el régimen jurídico aplicable a las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y a los Servicios Procesales Comunes (SPC), respecto de los cuales se considera que la dirección de los mismos está encomendada al Secretario judicial.

Y es que tras la entrada en vigor en mayo de la reforma de las leyes procesales, los Secretarios han visto multiplicadas sus funciones. Javier L. Parra, Secretario de Gobierno del TSJ de Murcia lo ve desde la perspectiva de que "todo lo jurisdiccional es procesal pero no todo lo procesal es jurisdiccional, es precisamente en este ámbito donde se mueve el nuevo reparto competencial. Y es que la nueva Ley 13/2009 no hace sino materializar artículo por artículo un nuevo reparto competencial entre Jueces y Secretarios Judiciales, pasando estos últimos a ostentar -junto a su tradicional rol  fedatario- funciones de calificación jurídico procesal. Es preciso recordar que los Secretarios Judiciales, en el ejercicio de estas nuevas funciones de calificación e impulso del proceso gozan  plena independencia, no pudiendo recibir, (a diferencia de los fiscales), instrucciones particulares de sus superiores".

Uno de los aspectos destacados de la Instrucción es que hace especial hincapié en la necesidad de extremar aquellos asuntos en los que se ha acordado alguna medida de prisión preventiva o en aquellos cuyo objeto principal verse sobre la protección de algún derecho fundamental. Igualmente, y con la finalidad de garantizar mayor seguridad jurídica en el derecho sancionador, se reconoce que el propio Consejo asumirá los criterios de la instrucción para valorar la existencia o no de responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados.

  • Acceso a la Judicatura

En materia de Formación, el Consejo busca mejorar los vigentes sistemas de acceso a la carrera judicial adaptándolos al nuevo sistema de formación de los universitarios, a la vez que se persigue un nuevo diseño del programa anual de formación continuada y la elaboración de un nuevo Reglamento de la Escuela Judicial. Hace un tiempo preguntamos acerca de esto a Antonio García, Portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Nos respondía que "nuestra asociación -la APM-, única por cuenta de la que puedo hablar, ha repetido por tierra, mar y aire que el sistema de oposición libre es el que mejor garantiza, desde la objetividad, la trasparencia y la igualdad, una recluta basada en los principios de mérito y capacidad. Que el sistema actual de oposición seguida de un curso teórico práctico en la Escuela Judicial está sirviendo para seleccionar jueces con alto nivel de conocimiento y cualificación, y con probada aptitud, idoneidad y suficiencia para el ejercicio profesional, es algo difícilmente discutible.  Otra cosa es que el sistema resulte perfectible, que sin duda lo es, y que todos nos esforcemos por hacerlo aún mejor y más refinado".

En cuanto a la Carrera Judicial, el Consejo se marca como objetivo el de analizar y reflexionar sobre materias que afectan a los jueces, como son las condiciones de trabajo, el funcionamiento de los órganos de gobierno, la planta y demarcación y la inspección de juzgados y tribunales.

En materia de Relaciones institucionales, el Consejo prestará atención específica a las medidas más urgentes para la modernización de la Justicia, haciendo especial hincapié en el fomento del uso generalizado de las nuevas tecnologías.

En el apartado de Comunicación, el objetivo principal es el diseño y coordinación de la política de comunicación del Consejo tanto a nivel interno (carrera judicial) como externo (instituciones, ciudadanos, medios de información). Gabriela Bravo, Portavoz del CGPJ, ha afirmado a Legal Today que "el primer objetivo de la política de comunicación que ha emprendido el Consejo General del Poder Judicial es que la sociedad conozca y valore la importante función que desarrollan nuestros Tribunales en el marco del Estado de Derecho. En cuanto a la actividad del Consejo, nuestro compromiso es el de la máxima transparencia y en este sentido pretendemos hacer más comprensibles las funciones constitucionales que nos son encomendadas como órgano de gobierno del Poder Judicial. Creo que la opinión pública empieza a percibirnos como una institución comprometida con la modernización de la Justicia y garante de la independencia judicial, que es el pilar de nuestra razón de ser".

Finalmente, se establece un área específica de gestión y organización interna del propio Consejo.

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