“Implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes”
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las que son consideradas de izquierdas, criticaron ayer con dureza que el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts incluya un reconocimiento de la llamada judicialización de la política o lawfare. El acuerdo alcanzado contiene referencias explícitas a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria, a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política.
En un comunicado hecho público a última hora de ayer, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial afirmaba que dicho reconocimiento «implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos».
Por su parte, las cuatro asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente, suscribieron ayer un comunicado conjunto en el que muestran su «rechazo» por las referencias al lawfare. En parecidos términos a los del comunicado del órgano rector de los jueces, dichas asociaciones denuncian que «el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas» y añaden que «ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
Las asociaciones de jueces añaden que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables».
Ministerio Fiscal: “Nuestro más absoluto y tajante rechazo”
También por medio de un comunicado, los vocales electivos de la Asociación de Fiscales entienden que el acuerdo suscrito “incide de forma dramática en la función constitucional propia del Ministerio Fiscal”. Añaden que “la aprobación de un instrumento que mutile la función de jueces y fiscales llevará a una quiebra flagrante de la separación de poderes al subordinar el Poder Judicial, en el que el Ministerio Público se encuentra integrado con autonomía funcional, exclusivamente a la conveniencia y necesidades aritméticas del candidato a ser investido presidente del Gobierno”. Afirman también que la referencia al lawfare supone la asunción por los firmantes de que la actividad jurisdiccional desarrollada ha servido a fines espurios, planteamiento que solo puede merecer nuestro más absoluto y tajante rechazo”.
En declaraciones a EuropaPress, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, manifestó ayer que el acuerdo entre ambas formaciones «es muy grave» y supone implícitamente «un cambio de modelo constitucional» porque se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador. Para Viada, el texto «es un golpe de gracia al sistema constitucional español» y la ley de amnistía que saldrá adelante, «una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts».
Viada destaca asimismo que la mención de las comisiones de investigación que arrancarán en el Congreso para analizar responsabilidades en posibles casos de lawfare es «lesiva para el Estado de Derecho», pero a la vez «consecuente» con la idea de que existió «una ilegitimidad por parte del Estado para perseguir» determinados delitos: «Pero es que los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar».
Comunicado de la Junta de Gobierno del ICAM
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio De La Abogacía De Madrid, en sesión extraordinaria de fecha 9 de noviembre de 2023, aprobó por unanimidad la siguiente declaración institucional:
En relación con el documento suscrito por el PSOE y JUNTS hecho público en el día de hoy (por ayer), esta Junta de Gobierno, de conformidad con el artículo 3.1 de sus Estatutos y el artículo 1.5 del Estatuto General de la Abogacía Española, que le confieren la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución, desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, muestra su enorme preocupación por su contenido. Y, a tal efecto, MANIFIESTA:
1º.- La conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional.
2º.- La separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional.
3º.- El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional.
4º.- La sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad.
5º.- La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
Por las razones expuestas, el ICAM, en cumplimiento de sus fines, ejercitará cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes.
