El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de ley de Memoria Democrática. El anteproyecto, o texto inicial, aprobado en septiembre de 2020, ha sido completado desde entonces con las aportaciones de distintos informes, y ahora comenzará su tramitación parlamentaria.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, destacó, como objetivos principales de la futura ley, la recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos, los derechos fundamentales y su reivindicación, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio de 1936 y de la dictadura.
«Esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea», subrayó. Las violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese periodo se declaran injustas, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción que dictaron sentencias y estas se declaran nulas.
Ayer mismo el líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que, si llega a ser presidente del Gobierno de España, derogará cuanto antes la ley. Anunció además que propondrá “una Ley de concordia” para derogar la “innecesaria” Ley de Memoria Histórica.
Revisa y actualiza la Ley de memoria histórica de 2007
Bolaños explicó que el nuevo texto revisa y actualiza la Ley de memoria histórica de 2007. Añadió que así «conseguimos que España tenga un régimen asimilable al del resto de los países europeos y de nuestro entorno que han sufrido dictaduras, que seamos un país más digno, porque atiende más a las víctimas, y que seamos un país más humanitario porque no se olvida de los familiares de personas que perdieron la vida luchando contra una dictadura o por la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales».
Las víctimas, eje fundamental
El principio de verdad se centra en la atención a las víctimas, que ocupan el papel central en la ley. Bolaños aseguró a las miles de personas que buscan los restos de sus familiares y antepasados que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión: «Será el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero constante, en la recuperación de restos de personas que fueron represaliadas en su momento».
Con el fin de facilitar la localización e identificación de las víctimas, se prevé la creación de un banco nacional de ADN y la mejora del derecho de acceso a los archivos y fondos de consulta.
Asimismo, se plantea la creación de dos días de homenaje. La primera fecha, el 31 de octubre, será el Día de todas las víctimas de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura. El 8 de mayo, Día de las personas exiliadas, se recordará a todas aquellas personas que tuvieron que abandonar España.
Otras medidas
El ministro destacó que la ley plantea dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Podrán hacerlo los hijos e hijas de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y perdieron su nacionalidad, y también los hijos mayores de edad de aquellos a quienes ya se les dio la opción de conseguirla en la ley de 2007: «Entonces solo afectó a los hijos menores, ahora abrimos también la posibilidad a los hijos mayores de edad en aquella fecha».
Respecto al Valle de los Caídos, la ley establece que no podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante. Se extingue, asimismo, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que proviene de un Real Decreto-ley del año 57, «contrario a la Constitución y a los valores democráticos», y se aprobará un nuevo régimen jurídico.
El ministro ha concluido señalando que se afianzan las medidas dirigidas a evitar la exaltación de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura. Bolaños ha avanzado que se harán las modificaciones necesarias en la legislación actual para que la apología del franquismo y el enaltecimiento de sus dirigentes, con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio, sean causa de extinción de fundaciones o asociaciones.
Más información sobre el Proyecto de ley
