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12/08/2022. 16:48:48

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Elecciones 20-N, pero, ¿qué hay de lo mío?

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La convocatoria de elecciones anticipadas que ha saltado de repente tiene lectura política, económica…pero también jurídica. ¿Qué va a pasar con todas las leyes que están en el horno de las cámaras legislativas? Con un agosto en que no hay actividad, y una necesaria disolución de las Cortes Generales, podemos dar por perdidos varios textos.

Zapatero anuncia el adelanto electoral, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 29 de julio de 2011.

Ha sido amplia la actividad legislativa acerca de temas relacionados con el mercado laboral, llegando a puntos que se sentían como "sagrados", y descuidando quizá otros  aspectos fundamentales del sistema jurídico en un estado moderno como es la necesidad de que los tribunales trabajen con agilidad real o que el acceso al mercado esté realmente libre de trabas. Dotaciones de plazas de jueces, sobre todo, es algo que depende del Ministerio, que solicita el Consejo General del Poder Judicial y que no se ha atendido.

La reforma más profunda de la Ley Concursal tampoco ha salido adelante. Lo mismo, respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La semana pasada se aprobaba el Anteproyecto de Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal y Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal con reformas profundas incluso en el papel de los Fiscales pero…ahí se quedará.

En parálisis también la Ley de Servicios Profesionales, un texto a todos infunde cierto temor en la medida en que significa una apertura completa de mercado, eliminando factores que se consideran barreras (colegiación, reservas             de actividad, etc.).

En la actualidad están identificadas 192 profesiones con algún tipo de restricción: la Ley de Servicios Profesionales reduciría el número a 50.

Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia se queda en el tintero. El Consejo General del Poder Judicial sostiene que hurta competencias a los jueces a favor del personal dependiente del Ministerio de Justicia.

Pendiente también la Ley de Agilización Procesal y la de la Jurisdicción Social. La primera introduce reformas orientadas a la simplificación y supresión de trámites y, también, a impedir la dilaciones en el proceso y limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios. En la práctica, los límites parecen excesivos.

La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, gracias a la que se podría disponer de la totalidad de la documentación  administrativa que no conculcase derechos…pues para otra vez será.

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