El Ministerio de Justicia afirma que "el paro ha sido corporativo, injustificado y desproporcionado"
Lo que comenzó como un paro de tres horas del cuerpo de Secretarios Judiciales en protesta por lo que consideraban una sanción excesiva a Juana Gálvez, destinada en el juzgado de lo penal número uno de Sevilla, ha terminado en una «guerra» entre los juzgados y el Gobierno. Con un seguimiento que los secretarios judiciales cifran en un 90 por ciento -cantidad inferior según el Ministerio de Justicia- y un comunicado firmado por la gran mayoría de los magistrados del Supremo, es posible que estemos a las puertas de la tan nombrada y, vapuleada en opinión de la mayoría, independencia de la Justicia.
El paro de tres horas, entre las 10:00 y las 13:00 horas, convocado ayer por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, acerca de cuyo seguimiento las cifras oscilan entre un noventa y un setenta por ciento resultó respaldado, según habíamos anunciado en Legal Today, por Juntas de Jueces, Plenos de los Magistrados de las Audiencias Provinciales, y adhesiones de Magistrados del Tribunal Supremo y varias Salas de lo Social y Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, celebrados en todos los partidos judiciales y tribunales de España.
Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Justicia fueron suspendidos en su práctica totalidad a través de un Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acordó las "medidas cautelarísimas" que prevé el artículo 135 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dicha suspensión afectó tanto a la Resolución del Ministerio de Justicia sobre los servicios mínimos -excepto en lo que se refiere a los juzgados de guardia-, como a la Circular 1/2008 sobre permisos y licencias, firmada por la Secretaria General de la Administración de Justicia, que prohibía permisos y licencias para este día.
Como hito se encuentra el Comunicado firmado por la casi totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo, a excepción de los de Contencioso-Administrativo para prevenirse de un hipotético proceso judicial derivante de esta jornada, que les pondría automáticamente en los supuestos de recusación.
Lea el Comunicado de los magistrados del Tribunal Supremo .
Los jueces, de este modo, se pronunciaron contra las injerencias del poder político, el cual, al parecer de los firmantes, busca anticipar responsabilidades profesionales que corresponden ser decididas y adoptadas de forma exclusiva al Consejo General del Poder Judicial, conforme al artículo 122 de la Constitución, que define al CGPJ como "el órgano de gobierno del poder judicial", el 423.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Reglamento 1/1998, del Consejo General del Poder Judicial, de tramitación de quejas y denuncias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, enturbiando la correcta separación entre los distintos poderes del Estado.
Por otro lado, los jueces señalaron los graves defectos y carencias del sistema judicial español, especialmente
- falta de medios personales y materiales,
- sobrecarga de trabajo,
- falta de modernización,
- defectuosa gestión pública de los recursos para la administración de justicia.
Los jueces ven estas denuncias como una muestra de la responsabilidad y compromiso de los Jueces con la función que desempeñan, así como la expresión de una voluntad de reafirmar y defender la independencia judicial y una adecuada dotación de medios, instrumentos ambos esenciales para garantizar los derechos de los ciudadanos y prestar un servicio público de justicia de calidad.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha reconocido que los principales temas tratados en las Juntas y reuniones de ayer fueron, por un lado, "rechazar las supuestas injerencias políticas en la función disciplinaria que corresponde en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial y, por otra parte, denunciar las carencias de medios personales y materiales que afectan a la Administración de Justicia"; reiterando, como viene haciendo estos días, ante la opinión pública, que en el ejercicio de sus competencias actuará siempre con total independencia y responsabilidad, así como su voluntad de promover la colaboración con todas las instituciones del Estado para impulsar la reforma y modernización de la Administración de Justicia en España, consciente de la existencia de deficiencias de todo tipo que aquejan desde hace ya muchos años a este servicio público, básico en un Estado de Derecho.
