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18/04/2024. 22:14:05

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Justicia es la partida que menos baja en los Presupuestos Generales del Estado de 2013

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Las subvenciones a organizaciones sindicales, empresariales y otras experimentan un descenso del 20 %, que se eleva al 40 % con la suma del descenso de 2011.  Las subvenciones a los partidos políticos caen el 42 %.  El gasto en pensiones aumenta el 4,9 %.

El Consejo de Ministros extraordinario de ayer ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. El esfuerzo de contención del gasto público en 2013 tendrá más peso en la consolidación fiscal que el aumento de los ingresos: el 60 por 100 del ajuste es reducción de gasto y el 40 por 100 por incremento de ingresos. Justicia se recortará el 4,3 % hasta 1.543 millones de euros.

de Prensa ayer, tras la aprobación de los PGE por el Ejecutivo

El Departamento de Justicia no se libra de los recortes generales aprobados ayer para la globalidad de la estructura del Estado.

En los presupuestos de 2012 -aprobados en el mes de abril, por otro lado- las cuentas del Ministerio de Justicia se rebajaban en un 6,3 % respecto a 2011, hasta alcanzar los 1.574 millones de euros. Ya en ese momento también fue de los menos afectados, dado que la media de recorte fue del 16,9%.

En los ayer aprobados, para 2013, sufre de nuevo recortes. Es de resaltar, por otro lado, que se trata del ministerio menos dañado (un 4,3 %). La mayor parte del gasto se asigna a gastos de personal. Para 2012 este gasto fue de 1.302 millones de euros. Ello supone el 81,2% del gasto del Ministerio de Justicia.

La actual estructura organizativa de la Administración de Justicia:, según los datos actuales es ésta:

  • 5.182 jueces y Magistrados,
  • 2.430 Fiscales, 4.399 Secretarios Judiciales, y
  • 10.397 funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

No olvidemos que estos días hay tensiones entre judicatura y Ministerio de Justicia por cuestiones de funcionamiento pero también de salarios que derivarían de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

¿Quiere saber de qué se trata?

Subida de tasas para financiar la Justicia Gratuita

"¿Quién tiene que pagar un servicio como la Justicia, todos o quien la usa? Seguramente, ninguna respuesta categórica en uno u otro sentido será la acertada y menos en el ámbito de la Justicia que tiene que ver con la convivencia y la competitividad del país", se contestaba Gallardón a la pregunta que él mismo se planteaba desde la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados en primavera de este año. De todas maneras -abundaba- hay que encontrar "un punto de equilibrio" que pida "un esfuerzo razonable a quien más directamente se beneficia de dicho servicio en un momento determinado".

Así introducía el Ministro, en su día, lo que será una significativa subida de tasas judiciales, que servirán para financiar la Justicia Gratuita.

Acerca de la subida, el Ministro señaló que "Lo que hace ahora el actual Ejecutivo no es sino revisar el sistema de tasas mencionado, vigente, como digo, desde la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, posteriormente ampliado por los Gobiernos socialistas, y puesto al día en el Anteproyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses".

De este modo, según Gallardón, "se actualizan, por tanto, las tasas ya existentes para la primera instancia en el orden civil y en el contencioso- administrativo; y se aplican, sólo en la segunda instancia, en el orden social; y lo más importante es que todos esos recursos se destinarán a garantizar la sostenibilidad del sistema de Justicia Gratuita, propósito especialmente necesario en un momento de crisis económica y social como el que vive y tiene que superar nuestro país".

En consecuencia, todas las personas a las que se reconoce la asistencia jurídica gratuita seguirán estando exentas del pago de la tasa, la cual, por otra parte, y según ha establecido el Tribunal Constitucional, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo que sí hará el Gobierno es comprobar la existencia real de ese derecho, imposibilitando el fraude".

Más partidas interesantes de los Presupuestos aprobados ayer

De cara a 2013 se vuelven a recortar subvenciones a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales. En concreto, las destinadas a organizaciones sindicales, empresariales y otras experimentan un descenso del 20 por 100, que se eleva al 40 por 100 con la suma del descenso de 2011. Las subvenciones a los partidos políticos caen el 42 por 100.

Los presupuestos fijan una subida del 1 por 100 de todas las pensiones: el gasto en pensiones aumenta el 4,9 por 100 frente a 2012 hasta alcanzar un total de 121.557 millones de euros.

Hacienda fijará un gravamen del 20 por 100 sobre los premios de loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por las Comunidades Autónomas, y de los sorteos organizados por la Cruz Roja y la ONCE. Se aplicará a los premios que se celebren a partir del 1 de enero de 2013. Quedan exentos los que cuenten con un importe inferior a 2.500 euros. Se fija, asimismo, una retención o ingreso a cuenta coincidente con el importe de dicho gravamen especial, operando como retención liberatoria.

Por otro lado, en relación al Impuesto sobre el Patrimonio se prorroga al 1 de enero de 2014 la tributación sobre el patrimonio de las personas físicas. Las Comunidades Autónomas tienen potestad para establecer bonificaciones en este tributo.

En materia inmobiliaria, se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual para las adquisiciones que se realicen a partir del 1 de enero de 2013. La medida, ya adelantada por el presidente del Gobierno, responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea. Se mantiene la deducción para adquisiciones anteriores a 2013.

Además, los ayuntamientos podrán optar por gravar a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el patrimonio histórico artístico que esté afecto a actividades económicas.

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