El Consejo General de la Abogacía Española considera improcedente la huelga anunciada por jueces decanos y por los representantes de las asociaciones judiciales. El Consejo comparte algunas de sus reivindicaciones pero considera que los problemas de la Justicia son más amplios y profundos, y que la anunciada huelga de jueces y magistrados no aliviará la precaria situación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia.
La Abogacía Española recuerda la doctrina del Tribunal Supremo que afirma la primacía del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución en los supuestos de colisión con otros derechos, incluso de naturaleza también fundamental, como el del derecho a la huelga. Entre otras sentencias del Tribunal Supremo, nombran la correspondiente a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta, de 21 de diciembre de 2000-RJ2000/8020; a la sección Séptima de 21 de marzo de 1996 RJ 1996/2784; Sección Séptima de 29 de mayo de 1995 RT 1995/4395; y sentencia de la Sección Novena de 28 de noviembre de 1990 (RJ1990/8832).
Es cierto -continúa el CGAE- que en el servicio público de Justicia faltan muchos medios materiales y humanos, así como una adecuada gestión, como reiteradamente ha venido denunciando la Abogacía y es clamor de toda la sociedad española, pero es preciso reconocer también en el estamento judicial notables carencias de autocrítica, transparencia y espíritu de colaboración con todos los agentes implicados en el sistema de Justicia.
Los abogados, como otros muchos sectores, vienen demandando desde hace décadas más y mejor formación, reformas procesales, aplicación a la Justicia de las mas modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones o la mejora de la gestión y de los espacios judiciales; no sólo para los jueces, sino también para fiscales, secretarios, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, peritos, y funcionarios en general de la Administración de Justicia. Y sobre todo para los ciudadanos, justiciables o simples colaboradores u observadores del servicio público de Justicia, que no pueden comprender cómo sus derechos, reconocidos unánimemente el día 16 de abril de 2002 por todos los representantes de la soberanía popular en la "Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia", todavía, al día de hoy, no han adquirido categoría legal.
Los profundos problemas que aquejan a la Justicia española recomiendan acometer de inmediato su regeneración. Entre tanto, el Consejo General de la Abogacía Española considera que sólo la voluntad del Gobierno y de todos los partidos políticos plasmada en un muy amplio Pacto de Estado, en cuya aprobación sean oídos todos los que, de una u otra forma, contribuyen a hacer justicia, podrá acercar las prestaciones de la Administración de Justicia a las necesidades de la ciudadanía.
