La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de proponer juzgar a los exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós por la venta de preferentes y deuda subordinada de la entidad.
Los magistrados Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Juan Pablo González han dictado un auto en el que desestiman los recursos presentados por López Abad y Amorós, que mantenían que estos productos financieros entrañan "ciertos riesgos" y que los adquirientes recibieron una información "correcta y veraz" sin sufrir perjuicio en su patrimonio.
Los jueces rechazan estos argumentos, al tiempo que recuerdan que los acusados prestaron declaración tras la presentación de las denuncias por parte de más de 200 afectados y no han sufrido "indefensión alguna ni vulneración" en sus derechos fundamentales durante el procedimiento.
En otro auto, la Sección Tercera confirma que el Banco Sabadell es responsable civil subsidiario en este procedimiento, al haber vendido el Fondo de Garantía de Depósitos al Sabadell el 100% del capital de Banco CAM por precio simbólico de un euro el 1 de junio de 2012.
Lamela propuso el pasado marzo juzgar a ambos ex altos cargos de la caja por delitos de estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos, mientras que consideró responsables civiles subsidiarios a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y el Banco Sabadell.
La División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó "una serie de irregularidades" en la comercialización de los dos productos, que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, en el que, entra otras afirmaciones, se dice que la información facilitada al cliente adolecía "deficiencias relevantes".
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell –que se la adjudicó por un euro– comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.