La demanda colectiva que está siendo elaborada por Cremades & Calvo-Sotelo reúne ya a 5.000 afectados. Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias son las Comunidades Autónomas que, hasta la fecha, presentan un mayor número de reclamantes.
Un matrimonio madrileño que tenía a dos hijos de 10 y 11 años bloqueados en Irlanda sin poder regresar, presentó una denuncia el viernes por la noche en el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla contra los controladores aéreos por el abandono de su puesto de trabajo, lo que podría ser constitutivo de un delito del art. 409 del Código Penal. Solicitaron como medida cautelar que se obligase a los controladores a volver a sus puestos de trabajo, así como las diligencias necesarias para conocer la identidad de quienes han abandonado su puesto de trabajo. Por último solicitan una indemnización por daños y perjuicios a los controladores.
NOTICIA ACTUALIZADA A 10-12-2010
La deliberada y premeditada acción de los controladores en vísperas de puente de ausentarse de sus puestos de trabajo ha ocasionado gravísimos problemas y daños a más de 250.000 usuarios que se disponían a coger un avión para disfrutar de unos días de vacaciones; así como el primer estado de alarma de la democracia. El estado de alarma está reconocido en el artículo 116 de la Constitución y ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.
El matrimonio compuesto por Julián Bandrés y María del Mar Zapatero, además de presentar la denuncia en el Juzgado de Guardia también ha empezado a movilizar a un grupo de afectados para, con independencia de la responsabilidad penal, emprender acciones civiles para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios. El grupo de afectados ha solicitado el asesoramiento jurídico del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, especializado en la defensa ante fraudes masivos, como el caso Madoff.
En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art. 11.2, establece que los grupos determinados de afectados están legitimados para acudir a los tribunales para reclamar sus derechos.
Esta acción civil de los afectados podría dar lugar a millonarias indemnizaciones por parte de los controladores o sus seguros de responsabilidad civil, por los evidentes y graves daños ocasionados.
La Plataforma de Afectados por el cierre del espacio aéreo reclamará 10.000 € de daño moral por cada afectado
Los afectados se han unido para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios a los controladores y a los responsables subsidiarios. Aunque la mayoría de los afectados provienen de diferentes ciudades españolas, hay también numerosos reclamantes extranjeros.
El objetivo de la que es considerada como la primera organización colectiva de afectados poe este tema, es plantear sus reclamaciones judiciales de indemnización ante los Tribunales de Madrid. Para ello los perjudicados han contratado al Bufete Cremades & Calvo-Sotelo, cuyo departamento de derecho procesal ha liderado algunas de las reclamaciones colectivas más importantes de los últimos años, como las derivadas del fraude financiero ocasionado por Madoff o la que protagonizan en la actualidad los perjudicados por La Seda de Barcelona.
Todos ellos insisten en que aparte del natural resarcimiento económico por los diferentes costes inherentes a los perjuicios que están sufriendo, reclamarán una indemnización millonaria por los daños morales soportados durante estos días. Menores de edad que llevan más de tres días casi sin poder comunicarse con sus padres, bodas y convenciones internacionales suspendidas, viajes organizados e incumplimientos contractuales derivados de la acción negligente de los controladores son una muestra representativa de los perjuicios que ha producido la huelga salvaje de los controladores aéreos españoles.
Luis Vericat, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, ha manifestado que un equipo de sesenta abogados del despacho está "trabajando en la estrategia jurídica y en la cuantificación de los daños para solicitar una indemnización que seguramente será millonaria, por la magnitud y extensión de los perjuicios causados".
La intención del equipo de procesalitas de Cremades & Calvo-Sotelo es trabajar contra reloj para presentar la demanda el próximo 14 de diciembre. La firma está estudiando con profundidad la posibilidad de establecer demandas de grupo, una idea muy parecida a la class action americana.
Responsabilidades a AENA
Tras las declaraciones del presidente del Gobierno en su intervención en el Congreso de los Diputados el jueves 9 de diciembre, el grupo de afectados por el cierre del espacio aéreo representados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo reclamarán también a AENA el resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados por los controladores.
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, que ha sido ya contactado por más de 5.000 afectados, considera que el control del trafico aéreo es un servicio público esencial. AENA es la entidad pública empresarial que, en la actualidad, es el proveedor de servicios de tránsito aéreo y por tanto la última responsable del normal funcionamiento de los mismos.
Los controladores se encuentran al servicio de AENA como empleados públicos con una relación laboral jurídico-pública. Por tanto, las reclamaciones de los usuarios por el funcionamiento del servicio de tránsito aéreo corresponde efectuarlas frente a la empresa responsable de los mismos que no es otra que AENA, en un supuesto claro de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Según Juan Ortiz Urculo, ex Fiscal General del Estado, socio de Cremades & Calvo-Sotelo, el despacho que dirige la elaboración de la querella, los afectados reclaman al Presidente que ponga los medios para que "al bloqueo aéreo no le suceda ahora un bloqueo judicial por el elevado volumen de demandantes". En este sentido, solicitan también al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que, al ser él mismo una víctima del bloqueo, preste la máxima atención al resarcimiento del daño provocado a cientos de miles de personas.
Uno de los afectados y promotores de la querella, Julián Bandrés, ha señalado que también reclaman al Presidente Rodríguez Zapatero que utilice todos los recursos administrativos y legales para asegurar que los controladores estén en condiciones de afrontar la responsabilidad patrimonial de sus acciones. Bandrés advirtió de que "se deben tomar las medidas necesarias" para evitar "las acciones de los controladores dirigidas a ocultar su patrimonio personal y evitar la responsabilidad patrimonial".
