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28/05/2024. 12:29:07

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Los expertos reclaman un marco normativo más sólido para la telemedicina

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Enmarcada en el Club de los Miércoles, Thomson Reuters Aranzadi celebró ayer una webinar en la que profesionales ligados a los servicios jurídicos de áreas de salud de la Administración Pública, abordaron los retos y dificultades a los que se han enfrentado tras la crisis sanitaria en líneas generales y en particular en cuestiones ligadas al área de contratación.

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Bajo la moderación de David Larios Risco, presidente de la Asociación Juristas de la Salud y Letrado de la Administración de la Seguridad Social, intervinieron Narcis Pérez de Puig,Jefe del Servicio Jurídico del Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Enrique Junceda Santaló,Jefe del Servicio Jurídico Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y Vicente Lomas Hernández, Jefe De Servicio Coordinación Jurídica del SESCAM. 

David Larios señaló que el avance de los sistemas de salud en torno a la digitalización pueden solventarse con más inversión, gracias por ejemplo a los Fondos NG.A raíz de la pandemia, que “ha forzado a poner en marcha la digitalización”, hemos tenido que estar al día del BOE con normativa de cientos y cientos de páginas, lo que ha sido una situación estresante a la vez que emocionante”.

Narcís Pérez de Puig consideró que “partimos de modelos que tiene paralelismos en las CCAA”. Como particularidad en el sistema catalán “destaca la descentralización de los servicios, con un reparto de funciones con 31 entidades públicas que están gestionando servicios sanitarios”, entre las que está el Hospital de El Mar. Explicó también que han iniciado un proyecto digital para mejorar la organización, “donde quiero poner de relieve la importancia de los datos, a través de los cuales tenemos que mejorar la gestión y los servicios a nuestros clientes”. De ese modo, se logra aportar valor en tiempo real.

Enrique Junceda, tras exponer lae estructura y competencias del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), afirmó que el coronavirus no ha tenido en Asturias especial conflictividad desde el punto de vista jurídico con respecto a otras CCAA, si bien “están comenzado a llegar los primeros litigios de responsabilidad contenciosa por deficiente asistencia sanitaria durante los primeros meses de la pandemia”. Añadió que ha habido otros conflictos en el ámbito personal que no se han producido directamente por el coronavirus, “sino por conflictos de personal del sistema de salud”. Otros conflictos han derivado de las medias de internamiento forzoso en los centros sanitarios, así como los “del personal de enfermería que era designado para hacer de interlocutor entre los centros socio sanitarios con el servicio de salud del Principado”. Ha añadido que, gracias a los fondos NG se está logrando invertir en nuevo equipamiento de los centros hospitalarios.

Vicente Lomas Hernández explicó que en el caso de Castilla La Mancha “seguimos el sistema de organización mayoritario en el Sistema Nacional de Salud”. En cuanto a los retos a los que se enfrentan, “el principal es que la fragilidad de nuestro sistema sanitario se ha puesto de manifiesto a la hora de dar una respuesta coordinada ante situaciones tan graves como la pandemia”.

En su opinión, “la digitalización es un aspecto clave en la organización de cualquier administración. Es cierto que la Administración Pública ha ido más lenta en su transformación, si bien ya se han ido dando respuesta a las necesidades en materia de transformación digital”.

El experto expuso que los Fondos Next Generation se van a aprovechar para potencia la salud pública y los sistemas de información sanitaria y las estructuras de la salud pública y ha puesto en valor que “la Ley de Reserva Estratégica de Castilla la Mancha ha sido la única que permite la contratación de medios de emergencia hasta final de este año”.

En cuanto a la litigiosidad durante la pandemia, “la ha habido asociada con la responsabilidad patrimonial que tienen que asumir las administraciones ante determinadas situaciones, sobre lo que el Tribunal Supremo ya ha determinado que la responsabilidad última es del sistema estatal, ya que las administraciones autonómicas se limitan a seguir las directrices marcadas por el Gobierno central”. Otra cuestión relevante durante la pandemia “ha sido la protección de datos como por ejemplo los retos relacionados con la telemedicina y en qué medida ha podido vulnerar la seguridad de los datos personales”.

Telemedicina

El moderador, David Larios, planteó a los ponentes si tenemos claras las consecuencias jurídicas de una asistencia distancia.

Para Vicente Lomas, existe un importante déficit normativo tanto a nivel nacional como autonómico sobre los retos que planeta este recurso tecnológico como por ejemplo si un profesional puede mostrar sus reticencias a usarlo, si está cubierto por la póliza de seguros… “Lo cierto es que parece que la telemedicina ha venido para quedarse porque tiene muchas ventajas que hay que aprovechar, pero en un contexto de seguridad jurídica”.

Por su parte, Enrique Junceda opinó que“el problema es en efecto la falta de soporte normativo, pero también su uso de forma significativa en zonas rurales alejados lo que obliga a regular su uso.

Por último, Narcis Pérez apuntó queLos profesionales tal vez no han tenido la formación necesaria para poder aplicar la telemedicina de la forma más respetuosa con los derechos de los pacientes”.

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