Nuevo subtipo de delito agravado para las conductas más graves en lo fiscal y contra la Seguridad Social, se sancionarán con una pena máxima de seis años de cárcel y prescribirán en un plazo de diez años (frente a los cinco actuales). Al año hay una media de más 1000 condenas por delitos de fraude, tanto fiscal como a la Seguridad Social. Actualmente hay 600.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro.
A pesar de que está en curso una gran reforma del Código Penal que reconfigura en buena parte el texto legal en sí, creando nuevos delitos, introduciendo la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, ayer se debatió otra reforma, contenida en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. En la práctica, supone multiplicar la represión penal contra los delitos económicos, que lesionan las arcas de la Seguridad Social o de la Hacienda Pública. Ayer mismo, martes, se ha publicado en el BOE la nueva ley contra el fraude. A la vez, como es sabido, se está tramitando una gran reforma del Código Penal que afecta a numerosos tipos.
La reforma que se lleva a cabo en los delitos contra la Seguridad Social afecta al tipo básico para reducir la cuantía a partir de la cual la infracción es constitutiva de delito y facilitar las regularizaciones.
Con un esquema semejante al utilizado para la regulación del delito fiscal, se introduce un tipo agravado que permite la persecución de tramas societarias tras las cuales se oculta el verdadero empresario para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores. Paralelamente, se introduce un tipo específico para la penalización de las defraudaciones en prestaciones del Sistema de la Seguridad Social mediante un tratamiento penal diferenciado de la obtención fraudulenta de ayudas y subvenciones que ofrece una respuesta eficaz frente a los supuestos de fraude con grave quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social. También en este caso se prevé un tipo agravado con el que se hace frente a las nuevas formas de organización delictiva dedicadas a estas actividades o propiciatorias de las mismas, empresas ficticias creadas con el único fin de obtener prestaciones del Sistema.
También se lleva a cabo una modificación de los delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en el Título XV del Código Penal, para sancionar a quienes incumplen de forma grave la normativa laboral con conductas que además suponen una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y trabajadores autónomos, que sí son cumplidores de sus obligaciones legales.
Por último, dentro del conjunto de medidas propuestas para dotar de transparencia al sector público y fortalecer la confianza en las instituciones públicas, se establece un nuevo tipo penal para sancionar las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas.
Resumen de los cambios en el Código Penal relativos a delitos económicos
- Se crea un subtipo agravado que se castigará con prisión de entre dos a seis años y no prescribirá hasta transcurridos 10 años.
- Se define como delito fiscal más grave el superior a 600.000 euros, el cometido por organizaciones criminales y el fraude sofisticado.
- Se considerará delito agravado contra la Seguridad Social el fraude que supere los 120.000 euros.
- El proceso penal no paralizará el procedimiento recaudatorio de la Agencia Tributaria.
- Se introduce el supuesto de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas cuando se cree un peligro para el patrimonio público administrado.
¿Quiere saber qué cambiará en
la otra reforma del Código Penal en curso?
No dar de alta al trabajador
No se pretende perseguir al trabajador o pequeño autónomo sin verdadera intención dolosa de defraudar, sino al empresario que elude el pago a la Seguridad Social a través, por ejemplo, de empresas fantasma. La reforma castiga por primera vez al empleador que no dé de alta en la Seguridad Social a un trabajador y se introduce un nuevo artículo que penaliza a quienes mediante simulación, tergiversación u ocultación de hechos, obtengan prestaciones de la Seguridad Social que no le correspondan o faciliten a otros su obtención.
De esta forma se combatirá a las sociedades ficticias que crean simulaciones de contratación con la única finalidad de estafar al sistema.
Para velar por la transparencia del sector público y garantizar que ninguna Administración tenga que soportar decisiones apoyadas en un uso fraudulento de información, se castigará a la autoridad o funcionario público que falsee la contabilidad, los documentos o la información que haya de reflejar la situación económica de una entidad pública con el objeto de causarle un perjuicio.
Cifras de la Memoria Fiscal 2012
La Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada en septiembre, da estas cifras de criminalidad contra la Hacienda Pública: En materia de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social del Título XIV del Libro II del Código Penal, se incoaron en el año 2011 un total de 756 diligencias previas, 185 menos que en el año 2010, lo que representa un significativo descenso del 19,66 por 100.
La rebaja es acusada en los fraudes contra la Seguridad Social y de subvenciones, en los que se produce un descenso del 69,83 por 100 y del 48,57 por 100 respectivamente; por el contrario, se incrementan los procedimientos abiertos por fraudes comunitarios, que pasan de 12 a 17 causas y la defraudación tributaria a las Haciendas nacionales que pasa de 438 causas en 2010 a 522 causas en 2011, con un incremento porcentual de 19,18 por 100.
Amnistía fiscal
Mientras tanto, y de un modo ciertamente contradictorio, sigue en vigor hasta el 30 de noviembre la llamada "amnistía fiscal". ¿Quiere saber más de la amnistía fiscal?
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha recordado que la recaudación tributaria total gestionada por la Agencia Tributaria cayó hasta mayo en 3.500 millones de euros, respecto del mismo periodo del año anterior. "Esto se debe no sólo a la caída del crecimiento económico, sino también al desmoronamiento de la conciencia fiscal de los contribuyentes, derivada en parte de la amnistía fiscal, y a la falta de medios e impulso en la lucha contra el fraude fiscal", según afirman desde la asociación.
