El Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que sería la número 43 desde su aprobación) recorta alas y presupuesto a la judicatura. El Gobierno se compromete a convocar oposiciones de ingreso a la carrera judicial.
En una inédita iniciativa, las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Juristas Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales- han adoptado una postura común frente al Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En él, se tocan aspectos sensibles como pagas extra, remuneración en caso de incapacidad temporal o régimen de sustituciones.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, mantendrá el próximo lunes 24 de septiembre una reunión con representantes de las asociaciones judiciales, con los que abordará las causas del creciente malestar que manifiesta la carrera judicial.
Esa temática estará presente en los diversos encuentros que el Presidente del Supremo mantendrá con representantes de toda la carrera judicial, asociados y no asociados comenzando por la reunión con los jueces decanos españoles, a los que ha convocado para el lunes 1 de octubre en la sede del CGPJ, así como posteriormente en la reunión de presidentes de tribunales superiores de Justicia que presidirá en Albacete el miércoles 3 de octubre.
Para jueces y fiscales, la situación es la siguiente:
- Ausencia de inversión en Justicia
- Descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia
- Congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones
- Recortes salariales y estatutarios
- Control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial
Reforma ya anunciada en el mes de julio
El anuncio de la reforma de la LOPJ sobre todo en lo que respecta al órgano de gobierno de los jueces ha sido muy mal acogido por el colectivo judicial. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo en el mes de julio en un comunicado que "no puedo por menos que dejar constancia del drástico cambio de modelo para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado que se propone, cuyo encaje constitucional deberá ser estudiado". El portavoz de la asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria afirmó que el fruto de la reforma es, prácticamente, dejar sin competencias al Consejo. En el mismo sentido se manifestaron las tradicionalmente opuestas Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia.
Gonzalo Moliner informó a los vocales de la institución, en la reunión plenaria celebrada ayer, de los contactos mantenidos en fechas recientes con el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a quienes informó de los problemas que afectan a la Administración de Justicia, así como aquellos que más inquietan a la carrera judicial y que han acentuado el malestar de sus miembros.
Una primera consecuencia de estas gestiones ha sido el compromiso del Gobierno de volver a convocar oposiciones para el ingreso en la carrera judicial a partir de 2013, y mantenerlas con carácter anual. ¿Quiere saber de qué se trata?
Asimismo, el departamento de Justicia ha introducido cambios en su propuesta de reforma parcial de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. El Presidente Moliner explicó al pleno del Consejo que se ha tejido un marco básico para mejorar la propuesta de régimen de sustitución de jueces y magistrados con nuevos criterios que apuesten por una justicia profesional y reduzcan el recurso a la justicia interina.
¿Qué dice el Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial?
La reforma modifica cada aspecto necesario para aplicar el RD 20/2012 en en lo que respecta a las pagas extras, se suprimen días de asuntos particulares, se suspende el art. 504.5 acerca del abono del 100% de las retribuciones en caso de Incapacidad temporal, se replantea la posibilidad de establecer planes de reordenación de efectivos que puedan implicar incluso cambio de municipio, organiza un sistema de sustituciones y pasan de nueve a tres los días en que pueden ausentarse de la sede judicial para el estudio o resolución de casos complejos.
En cuanto a los sueldos del CGPJ, sólo el Presidente tendrá un sueldo fijo, los demás serán remunerados a base de dietas. Se atajaría también el sesgo político del órgano, adquirido como fruto del sistema por el que son elegidos los miembros del Consejo. Se solucionaría cambiando el modo en que se accede: los doce vocales de procedencia judicial serán presumiblemente elegidos de modo directo por parte de lo jueces y magistrados, y el Parlamento elegirá a los ocho restantes entre "juristas de reconocido prestigio". Esto era así hasta que en 1982 el Partido Socialista, en el poder, lo modificó.
Competencias
El órgano de gobierno de los jueces mantendría, con la reforma que se vislumbra, las competencias que la Constitución le encomienda:
- nombramientos,
- ascensos, y
- régimen disciplinario
Las decisiones relevantes seguirán en manos del Pleno, que dejará de estudiar los recursos de alzada presentados contra decisiones de la Comisión Permanente. La potestad reglamentaria quedará circunscrita a la esfera interna. Su actividad internacional deberá estar coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El informe propone que las resoluciones que adopte la Comisión Permanente agoten la vía administrativa y sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Supremo. Esta Comisión asumirá las competencias que en la actualidad se repartían una quincena de comisiones, salvo las que correspondan a la Comisión Disciplinaria y a la de Igualdad. Para que ello sea posible se potenciarán los servicios del Consejo General del Poder Judicial.
Exclusividad
Sólo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial tendrá dedicación exclusiva. Los veinte vocales seguirán ejerciendo su profesión y únicamente percibirán dietas por participar en las sesiones del Consejo que les correspondan. De ese modo, aparte de un ahorro al Estado de dos millones de euros según dijo Gallardón en el campus Faes, "no se pierde el contacto con la realidad" y se homologa con órganos similares, como es el Consejo Fiscal.
El presidente desarrollará su labor auxiliado por un vicepresidente del Tribunal Supremo, elegido por el Pleno entre la terna que proponga el primero. El vicepresidente, que no forma parte del Consejo General del Poder Judicial, le sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El Presidente sólo podrá ser elegido entre magistrados del Tribunal Supremo que lleven al menos tres años en el Alto Tribunal o juristas con más de 25 años de ejercicio.
El informe que ha acogido el Ministro de Justicia también propone la creación de la figura del promotor de la Acción Disciplinaria, que será un magistrado de amplia experiencia que instruirá los expedientes y acusará ante la Comisión Disciplinaria, que actuará como tribunal.
Presupuesto en base cero
El presupuesto del órgano de gobierno de los jueces se hará en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución para prepararlo. El Consejo General del Poder Judicial mantendrá autonomía presupuestaria, aunque no podrá fijar retribuciones o dietas y, en cualquier caso, estará sometido al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas.
