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18/06/2024. 11:39:36

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1.200€ A LOS JUECES DE LO SOCIAL QUE ASUMAN PARTE DE OTRO JUZGADO

¿Se puede descongestionar la Justicia con sobresueldos?

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El Ministerio de Justicia busca ahorrar 20 millones de euros reduciendo el número de jueces sustitutos.

El otoño que se esperaba de escenario de las leyes y reformas anunciadas durante la primera parte del año por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en realidad lo está siendo en mayor medida de previsiones acerca de cómo ajustar el funcionamiento interno de los juzgados más allá de tecnología o reasignación de funciones en las sedes judiciales (opción por la que apostó fuerte Caamaño como Ministro). En este sentido, ayer se supo que Justicia ofrece una cantidad algo superior a 1.200 euros a los jueces de lo social que asuman la mitad de los asuntos de otro juzgado.

Un hombre con los brazos abiertos y sobre él billetes de distintos euros

El Gobierno ofrece algo más de 1200 euros al mes a los jueces de lo social que asuman más trabajo en lo social. No se pide una actividad "semejante a la del órgano desempeñado en propiedad, sino de alrededor del 50%", según la carta que ha dado a conocer el vocal delegado para la jurisdicción social, Félix Azón, para quien "es absolutamente insuficiente para compensar dignamente el esfuerzo a realizar, pero es la única alternativa ofrecida por el Ministerio de Justicia de inmediata eficacia".

La oferta está sólo dirigida a los jueces de lo social, pero no se descarta la participación de "quienes sirven en otro orden jurisdiccional". Félix Azón ha mencionado que en el año 2010 hubo una oferta así dentro del plan de refuerzo de los Juzgados de lo Social, con un suelo superior. Esa vez hubo que ir a   refuerzos externos ya que "no es fácil llevar dos juzgados".

A la situación de sobrecarga de trabajo de los juzgados nos referíamos ayer mismo, a propósito de la posibilidad de ampliar los juicios rápidos en lo civil y adoptarlos en lo penal ¿quiere saber cómo? 

Sí es cierto que la sobrecarga en lo social es desmesurada, junto a los concursos. De hecho, de enero a junio de este año han entrado en los juzgados 37.243 demandas por despido, que representa un incremento interanual del 30,3%.

Por otro lado, más de siete millones de trabajadores vieron resuelto su litigio colectivo en 2011 por un órgano de resolución extrajudicial de conflictos.

Gráfico 

Fuente: Curso “Justicia y Economía”, Universidad Rey Juan Carlos / Fundación para la Magistratura.

¿Más jueces? Período de reforma de la LOPJ

El Consejo General del Poder Judicial está en un período de cambio, en el que no sabe dónde irán a parar sus funciones, su control en el día a día de los jueces ni su presupuesto real de funcionamiento interno. Para jueces y fiscales, la situación es la siguiente:

  • Ausencia de inversión en Justicia
  • Descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia
  • Congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones
  • Recortes salariales y estatutarios
  • Control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial

La administración está buscando la cuadratura del círculo, que los juzgados funcionen mejor, con más plantilla judicial pero sin gastar más.

Por una parte, el anteproyecto de reforma de la LOPJ proyecta modificar el régimen de sustituciones y refuerzos en la carrera judicial para reducir la intervención de los magistrados suplentes y jueces sustitutos a supuestos verdaderamente excepcionales.

Desde el reconocimiento de la gravedad de la situación económica actual, el informe acerca de la reforma hecho por el propio CGPJ reafirma la postura de este Consejo, que desde tiempo atrás reclama que la actividad jurisdiccional debe ser responsabilidad de los jueces y magistrados profesionales.

Ahora bien, "es imprescindible -según el CGPJ- tener en cuenta la situación de sobrecarga generalizada de trabajo que gravita sobre la administración de Justicia, por lo que deberán establecerse medidas que propicien la adecuación de la plantilla a las necesidades reales de los juzgados y tribunales, pues de lo contrario se corre el riesgo de reducir el estándar de calidad, lo que a la postre redundaría en perjuicio de los ciudadanos.

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